La Corte de Apelaciones de Nueva York escuchó hoy la apelación de la República Argentina contra el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al país a pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.
Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson preguntaron en profundidad a los representantes de la defensa argentina como a los abogados de Burford Capital que impulsa la demanda millonaria contra YPF.
La audiencia sucedió en la sala 1703 del edificio de la Corte Thurgood Marshall, muy cerca del puente de Brooklyn. A las 1130 (hora del Este), inició la sesión con un lleno de casi doscientos abogados y asesores que aguardaron en silencio como entraban los tres magistrados.
Infobae fue el único medio que estaba en la audiencia que será clave para la causa que se inició tras la expropiación de YPF ordenada por Cristina Fernández de Kirchner cuando ocupaba la Casa Rosada.
“Esto es el Superbowl”, sintetizó Robert Giuffra, abogado del estudio Sullivan & Cromwell, que representa a la Argentina. A Giuffra se lo veía seguro cuando hacia la fila para entrar al Tribunal, adelante del enviado especial de este medio.
Los mercados interpretaron como negativa la audiencia para Burford Capital, el polémico bufete de abogados que compró hace una década los derechos para litigar en este caso y es el principal beneficiario del fallo de Preska. Al menos así lo mostró el precio de su acción, que caía casi un 10% pasadas las 15 de Buenos Aires.
A lo largo de la jornada, los magistrados realizaron una serie de preguntas incisivas que pusieron a prueba los principales argumentos de cada parte. De acuerdo con el recuento realizado sobre la base de la transcripción, las autoridades judiciales formularon al menos 23 preguntas directas a Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell y representante de la Argentina, y 22 a Paul Clement, abogado de Burford Capital, el polémico bufete de abogados que compró hace una década los derechos para litigar en este caso y es el principal beneficiario del fallo de Preska.
Esta reiteración de consultas respondió tanto a la complejidad del caso como al tipo de control esperado de los tribunales neoyorquinos, algo que el propio fondo Burford anticipó con anterioridad al aclarar que esta clase de interrogatorios no supone una pista acerca de la resolución final: “Los jueces suelen hacer preguntas exhaustivas y comentarios en la audiencia oral para poner a prueba las posiciones de las partes, no para revelar las propias; intentar adivinar la inclinación de un juez a partir de su conducta en una audiencia oral es una tarea poco confiable”.
La intervención de Giuffra giró sobre tres ejes: el derecho público argentino, el derecho privado societario y la metodología para el cálculo de daños. Si bien no participaron directamente, el equipo de defensa de Argentina estuvo encabezado por los subprocuradores de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN),Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira. YPF también defendió su postura y pidió no volver a la causa: Preska la dejó afuera del proceso hace dos años y Burford apeló esa decisión.
En un comunicado, la PTN dijo que “los abogados de la República Argentina presentaron los argumentos de la República con claridad, convicción y determinación. La defensa destacó la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayó la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apeló al sentido de justicia del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos. La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado”.
“Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”, agregó la Procuración.