La nebulosa que rodeó durante semanas el destino de los principales hombres del difunto fiscal General Eduardo Quattropani empieza a despejarse. La Corte de Justicia de San Juan ya tiene repartidas, todavía de manera informal, las funciones que asumirían los cuatro exintegrantes de la excúpula del Ministerio Público desplazados por Guillermo Baigorrí apenas quedó designado para el cargo por la Cámara de Diputados provincial. Falta la firma formal, pero en Tribunales se descuenta que el anuncio será en los próximos días.
Adeás, de acuerdo a las interpretaciones, surge con claridad que el máximo tribunal decidió capitalizar experiencia y sumar poder de fuego en la convivencia institucional —todavía incipiente— con el nuevo jefe del Ministerio Público.
Según pudo conocer DIARIO DE CUYO, Rolando Lozano y Fernando Rahmé Quattropani pasarían a formar parte del equipo del área Penal de la Secretaría Relatora de la Corte. Allí trabajarían junto a Andrés Abelín y Fabricio Poblete para reforzar un espacio clave en la elaboración de dictámenes y análisis técnico de causas de alta sensibilidad.
Por su parte, Andrés Noguera —quien manejó durante años los resortes más operativos del sistema de Flagrancia— se incorporaría al equipo de Legal y Técnica, un pulmón esencial para la toma de decisiones administrativas y normativas del alto tribunal.
Finalmente, el excoordinador de la Unidad de Abordaje Territorial, Federico Ozollo, tendría un doble anclaje jurisdiccional: integraría los equipos de asistencia al Tribunal de Impugnación y al área de Ejecución Penal, esta última bajo la órbita de los jueces Federico Zapata y Lidia Reverendo.
Las reubicaciones son autorizadas por la presidencia de la Corte, actualmente en manos de Adriana García Nieto pero, este caso, la formalización recaerá en la Sala de Superintendencia, compuesta por la propia García Nieto, por el expresidente Marcelo Lima y por Daniel Olivares Yapur, quien asumirá la presidencia en el próximo período. Es decir, se trata de una decisión colegiada de peso político interno.
El movimiento se inscribe en el delicado reordenamiento institucional que comenzó con el arribo de Baigorrí a la Fiscalía General. El nuevo jefe del Ministerio Público desplazó a los cuatro hombres de mayor confianza de Quattropani incluso antes de recibir el diploma de fiscal General. Para algunos en los pasillos de Tribunales, el gesto fue abrupto. Una fuente lo sintetizó con crudeza: “Cambió el motor antes de probar el auto”.
En simultáneo, hubo un intercambio de nombres entre la Corte y la Fiscalía. Baigorrí incorporó a Fabián Meló y Jorge Albarracín, exfuncionarios del máximo tribunal, mientras los llamados Quattropani boys cruzaron hacia la órbita de la Corte. El movimiento generó interpretaciones dispares: para algunos, fue un “asilo político”; para otros, un reposicionamiento estratégico que —sin estridencias— incrementa el músculo técnico del máximo tribunal.
El trasfondo político es evidente. Los cuatro exfuncionarios manejaron durante años los hilos internos del Ministerio Público: operatividad, análisis penal, logística, articulación con áreas sensibles. Ahora, ese capital quedará bajo la conducción directa del máximo tribunal, que colocó a Lozano y Rahmé Quattropani en puestos clave, aún pudiendo trasladarlos a lugares sin importancia.
El mensaje implícito es que la Corte no solo asegura contención para los hombres que perdieron su lugar en la Fiscalía General, sino que incorpora voces expertas que pueden convertirse —según el escenario— en soporte, contrapeso o intermediación técnica frente a Baigorrí, especialmente si en algún momento decide impulsar reformas profundas en el sistema acusatorio.
Por ahora, sin embargo, el clima entre la Corte y Baigorrí es de cooperación. En la ceremonia de asunción, García Nieto pronunció un discurso conciliador. Reivindicó el legado de Quattropani, pidió unidad institucional y envió un mensaje explícito de colaboración: “El Poder Judicial es uno solo”.