La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, salió a dar explicaciones públicas tras el veto total al Presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante. Lo hizo a través de un extenso comunicado dirigido a vecinos y vecinas del departamento, trabajadores municipales y a la opinión pública en general, en el que justificó su decisión como una obligación institucional y no como una jugada política.
El veto se concretó este miércoles, a pocas horas del vencimiento del plazo legal, y profundizó una crisis institucional que ya venía escalando entre el Ejecutivo municipal y los ediles, tanto del peronismo como de la oposición. Aunque el Concejo tiene los votos necesarios para insistir con la ordenanza, el conflicto está lejos de cerrarse y podría derivar en una instancia judicial.
En su escrito, Rodríguez sostuvo que la ordenanza sancionada “afecta la asignación de recursos que el Ejecutivo tenía previstos para el ejercicio 2026” y constituye “un grave avasallamiento de las competencias de poderes”. Según la jefa comunal, el Concejo Deliberante excedió su rol al modificar sustancialmente el proyecto original enviado por el Ejecutivo.
“La facultad del Concejo Deliberante en materia presupuestaria es autorizante y de control, no ejecutiva ni gestora”, afirmó Rodríguez. En ese sentido, remarcó que los concejales pueden aprobar, rechazar u observar el presupuesto, pero no diseñar uno nuevo, reasignar partidas, crear gastos o alterar prioridades, ya que eso implica —según su visión— gobernar y no legislar.
Uno de los puntos más sensibles del comunicado fue la asignación de cuatro mil millones de pesos para el funcionamiento del Concejo Deliberante, un monto que la intendenta calificó como “altísimo para cualquier órgano legislativo municipal” y que, a su entender, pone en riesgo la gobernabilidad. Rodríguez denunció que, al redefinir partidas, el Concejo pasó de controlar al Ejecutivo a sustituirlo, decidiendo qué gastos se realizan, qué políticas sociales se ejecutan y qué servicios continúan.
También apuntó contra la decisión del cuerpo deliberativo de aumentar su remuneración como intendenta, lo que —según explicó— tiene un impacto directo en los haberes de los concejales, dado que estos se fijan en función del salario del jefe comunal. “Una muestra clara del exceso de poder y del abuso de competencias”, sentenció.
A esto sumó la creación de partidas que, según el Ejecutivo, corresponden exclusivamente a su órbita, como viáticos, subsidios y contrataciones, además de la generación de una estructura administrativa paralela con nuevas direcciones y “11 cargos políticos” sin sustento legal.
Rodríguez aseguró que desde el Ejecutivo se intentaron instancias de diálogo, tanto formales como informales, sin éxito. Por eso, justificó el veto como “un mecanismo de defensa del orden constitucional” y como un deber jurídico para garantizar la división de poderes y el equilibrio institucional.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante analiza el alcance del veto en un escenario particular: el cuerpo se encuentra en receso hasta abril, por lo que no se descarta la convocatoria a una sesión extraordinaria. Desde el peronismo ya adelantaron que insistirán con la promulgación del Presupuesto y cuestionaron duramente a la intendenta, acusándola de vetar un proyecto que ella misma envió.