La disputa interna en ATSA San Juan sumó un capítulo inesperado y con ribetes judiciales. El secretario general del gremio, Alfredo Duarte, fue imputado por amenazas y daños a raíz de un violento episodio ocurrido en Angaco, donde quedó registrado en video atacando a piedrazos una camioneta perteneciente a la familia Gómez y profiriendo amenazas de muerte.

El hecho, que ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en un predio ubicado en Villa del Salvador, derivó esta semana en una audiencia clave: el juez de garantías Alberto Caballero formalizó la imputación contra el líder sindical, a instancias del fiscal José Plaza, por los delitos de amenazas y daños. Duarte continuará en libertad mientras avanza una investigación prevista por seis meses, con la orden expresa de no mantener contacto con las presuntas víctimas.

Hasta ahí, un conflicto penal. Pero la trama se volvió política —y gremial— con la ampliación de la denuncia. La pareja de Gómez, de apellido Díaz, afirmó haber sido hostigada telefónicamente por Duarte con mensajes intimidantes vinculados a la supuesta usurpación del predio. Y allí apareció un nombre que reavivó viejas heridas internas: el abogado que patrocina a Díaz es Adrián Verni.

La coincidencia no pasó inadvertida en los pasillos del sindicalismo sanjuanino. Verni no es un letrado cualquiera para Duarte: fue vocal de ATSA y su secretario personal durante años. En 2025 decidió romper y enfrentarlo en las urnas por la conducción del gremio. Perdió por amplia diferencia y Duarte retuvo el timón sindical, consolidando más de dos décadas al frente de la organización.

Ahora, por esas vueltas que en política rara vez son inocentes, Verni asumió la representación legal de quien denuncia al jefe sindical. Un cruce judicial que, para muchos, funciona como un nuevo round de aquella interna que parecía saldada en las urnas, pero que encontró en Tribunales un terreno alternativo de disputa.

En la audiencia, Duarte optó por no declarar y dejó la palabra en manos de sus defensores. La defensa logró que el magistrado no fijara una distancia mínima de acercamiento, bajo el argumento de que el dirigente debe supervisar el predio de ATSA, ubicado a escasos metros de la vivienda de la familia denunciante, donde se proyectan obras del gremio.