El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, cuestionó al bloque justicialista en Diputados por la demora en el tratamiento del proyecto de ley de Transporte, al considerar que detrás de la postergación hay “intereses por sostener el esquema actual que favorece a unos pocos”.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, quedó frenada en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y su debate fue postergado hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según Molina, el objetivo del proyecto es modernizar el sistema y transparentar el funcionamiento del sector, en especial el de taxis y remises.
Entre los puntos más relevantes, la propuesta plantea eliminar las licencias limitadas para reemplazarlas por un registro abierto, establecer nuevas sanciones económicas y crear un marco legal para los servicios de transporte por aplicaciones digitales. Con eso, el Gobierno busca terminar con lo que el funcionario describió como un negocio paralelo de alquiler y venta de licencias.
“Nosotros vinimos a cambiar”, sostuvo Molina, quien recordó que el proyecto fue elaborado “con tiempo y consenso”, tras el anuncio del gobernador Marcelo Rueda durante la apertura de sesiones legislativas. Consultado sobre el trasfondo político de la demora, el secretario respondió: “Nosotros presentamos el proyecto, se hicieron las observaciones, pero los que se oponen nunca más buscaron el contacto. Son ellos los que tienen que explicar sus motivos”.
Molina también señaló que el sistema actual “solo beneficia a quienes lucraron durante años con la compraventa de licencias” en detrimento de los verdaderos trabajadores del volante. En ese sentido, mencionó al exfuncionario Gonzalo Rojas como uno de los defensores del esquema vigente, recordando que participó activamente en las reuniones legislativas. El funcionario fue más allá y apuntó contra la concentración del servicio: “Hoy hay una sola empresa formalmente inscripta, que es Oeste, y eso muestra la necesidad de abrir el juego”.
Por último, Molina reafirmó que el Gobierno mantendrá el proyecto “sin especulación política ni de tiempos”, con la expectativa de que el debate se reactive luego de los comicios de octubre y se logre el consenso necesario para aprobar la nueva ley.