En un clima de creciente malestar social, miles de jubilados y organizaciones sociales se movilizaron este miércoles desde el Congreso hacia Plaza de Mayo, donde se registraron enfrentamientos con la Policía en la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio.
La jornada había comenzado como una nueva edición de la tradicional “marcha de los miércoles” impulsada por jubilados autoconvocados, pero esta vez el reclamo sumó fuerza por el veto del presidente Javier Milei al aumento de emergencia para jubilaciones, la eliminación de la moratoria previsional y el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner.
El operativo de seguridad, desplegado por el Ministerio de Seguridad bajo el protocolo antipiquetes, incluyó vallados reforzados en inmediaciones de la Casa Rosada. Con el correr de los minutos, la tensión creció y se registraron forcejeos, empujones y uso de gas pimienta por parte de las fuerzas para evitar que las columnas avanzaran hacia el centro porteño.
Entre los reclamos principales se destacaron la defensa del sistema previsional, el repudio a la quita de medicamentos del PAMI, el rechazo al ajuste en salud pública —con especial mención a la situación del Hospital Garrahan— y la denuncia de una presunta persecución judicial contra la exmandataria.
La marcha, que empezó en Plaza Congreso desde las 15, contó con la adhesión de gremios, movimientos feministas, colectivos de discapacidad, docentes universitarios y referentes de derechos humanos, además de agrupaciones políticas como la CTA, la UTEP y el Movimiento Evita. También se hicieron presentes figuras del kirchnerismo y del oficialismo, quienes expresaron su repudio al fallo contra Cristina.
Mientras tanto, en el plano legislativo, la Cámara de Diputados envió al Senado un paquete de proyectos que incluye la prórroga de la moratoria previsional, un bono para jubilados de la mínima y la declaración de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo anticipó que vetará las iniciativas por su impacto fiscal estimado en 12.000 millones de dólares.
La protesta terminó convirtiéndose en una muestra federal del descontento, con réplicas en distintas provincias y un mensaje central: “La calle no se rinde”. Aunque la manifestación comenzó con un foco previsional, la tensión política, el ajuste económico y el rechazo a la Corte Suprema se entrelazaron en un reclamo colectivo que no da señales de aflojar.