El Gobierno nacional avanza en la búsqueda de consensos para aprobar la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa, aunque todavía no cuenta con los votos necesarios para garantizar su sanción en el Congreso. Luego de una gira por seis provincias, Diego Santilli logró respaldos políticos importantes, pero las negociaciones continúan abiertas, especialmente con legisladores que responden a gobiernos provinciales.
Durante enero, el funcionario mantuvo reuniones con distintos gobernadores con el objetivo de sumar apoyos a una iniciativa que apunta a impulsar el empleo privado, mejorar la productividad y avanzar en la formalización laboral. En algunos distritos, los respaldos fueron explícitos, mientras que en otros quedaron condicionados a acuerdos fiscales y políticos.
Uno de los apoyos más firmes llegó desde Entre Ríos, donde el gobernador Rogelio Frigerio expresó un acompañamiento contundente al proyecto, al considerar que la reforma permitirá ampliar derechos laborales y promover la inclusión de trabajadores actualmente fuera del sistema formal.
El escenario fue distinto en Neuquén. Allí, el gobernador Rolando Figueroa adoptó una postura más cautelosa: si bien se mostró dispuesto a respaldar iniciativas que impulsen el desarrollo, dejó en claro que evaluará el impacto concreto en la provincia y recordó la deuda que la Nación mantiene con la caja previsional neuquina. La posición refleja el clima de negociación que atraviesa varias jurisdicciones.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma no debería encontrar resistencia entre los mandatarios provinciales, aunque el debate se tensó por los artículos que reducen alícuotas del Impuesto a las Ganancias. Esos cambios afectarían recursos coparticipables por alrededor de un billón de pesos, un punto sensible para las provincias.
En la Casa Rosada estiman que la rebaja fiscal tendrá un costo equivalente al 0,65% del PBI, pero confían en que el impacto será compensado por un mayor nivel de actividad y la incorporación de unos 400 mil trabajadores al empleo formal. Dentro del propio Gobierno hay diferencias: mientras algunos sectores impulsan concesiones para destrabar apoyos, otros defienden mantener el texto sin modificaciones.
El conteo de votos
En el Senado, el oficialismo reúne 34 votos favorables entre libertarios, aliados del PRO y radicales que acompañaron el dictamen en comisión. Para asegurar la aprobación, el Gobierno necesita sumar legisladores de provincias como Chubut, Salta, Neuquén, Misiones y Santa Cruz, además de peronistas no alineados de Tucumán y Catamarca, lo que podría llevar el número final por encima de los 40 votos.
En Diputados, el panorama es más ajustado. El oficialismo parte de 95 votos propios, a los que se suman 12 del PRO y 2 del MID, y requiere alrededor de 20 voluntades adicionales para alcanzar los 129 necesarios. En ese escenario, los respaldos de legisladores radicales y peronistas disidentes resultan determinantes.
Las provincias mineras, entre ellas San Juan, Catamarca, Neuquén y Santa Cruz, siguen de cerca el debate, ya que la reforma laboral está vinculada a cambios en la Ley de Glaciares, un punto clave para habilitar proyectos productivos en zonas actualmente protegidas.
Con apoyos en crecimiento pero aún sin números cerrados, el Gobierno enfrenta una etapa decisiva de negociaciones para convertir la reforma laboral en ley.