Luego del reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordenó al Gobierno argentino transferir el 51% de las acciones de YPF en un plazo de 14 días, los fondos demandantes comenzaron a manifestar su intención de negociar un acuerdo con el Ejecutivo.
La decisión judicial, que responde a una sentencia por US$16.000 millones (hoy actualizada a US$17.750 millones con intereses), beneficia a Burford Capital y Eton Capital, quienes ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. A pesar del fallo a su favor, los acreedores están abiertos a una salida alternativa: aceptar una quita del monto o recibir un pago a través de bonos.
El presidente Javier Milei ya anticipó que apelará la medida, pero los fondos saben que cada día sin pago suma intereses por cerca de US$3 millones diarios, lo que genera una presión creciente sobre las partes.
Según un informe de la consultora Adcap, el Gobierno tiene tres caminos: cumplir el fallo y ceder el control accionario de YPF, apelar y buscar una suspensión, o abrir una negociación directa. Desde ese sector consideran que la última alternativa es la más viable para evitar un desenlace que dañe la credibilidad financiera del país.
“El país está en plena negociación con el FMI y busca inversiones para estabilizar su economía. No actuar puede empeorar su situación financiera y erosionar el valor de mercado de YPF”, advirtieron desde Adcap.
El origen del conflicto
El juicio por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó el 51% de la compañía, que estaba en manos de Repsol. Aunque la firma española fue indemnizada con bonos, otros accionistas minoritarios no fueron compensados, lo que desató la demanda.
En septiembre de 2023, Preska falló contra la Argentina y ordenó pagar US$16.000 millones. Durante el litigio, el país no transfirió la garantía judicial exigida, lo que abrió la puerta al embargo de activos, entre ellos las acciones en poder del Estado.
La Procuración del Tesoro será la encargada de llevar adelante la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. Mientras tanto, el reloj corre y cada día sin resolución encarece la deuda.
Aunque el Gobierno mantiene la cautela sobre los próximos pasos, los movimientos del mercado y los contactos entre abogados podrían acelerar un acuerdo que cierre el juicio más costoso de la historia argentina en tribunales extranjeros.