Con el objetivo de reforzar los derechos, la asistencia y la participación activa de quienes atraviesan hechos delictivos, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el tratamiento de preferencia de un proyecto de ley clave.
Buscan adherir a la Ley de Víctimas en la provincia y proponen un organismo de control y asistencia
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el tratamiento de un proyecto presentado por la legisladora justicialista Fernanda Paredes
La iniciativa, impulsada por la diputada justicialista Fernanda Paredes, promueve la adhesión provincial a la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372) y contempla, en paralelo, la creación de un Observatorio de Víctimas.
Un proyecto reactivado en un contexto de fuerte demanda social
El expediente había sido presentado originalmente por la legisladora en 2024, pero perdió estado parlamentario al no ser debatido en el recinto. Ante la urgencia de dar respuestas institucionales y la persistencia de los reclamos de asociaciones civiles, la propuesta fue nuevamente ingresada en 2026.
El debate cobró un renovado impulso legislativo tras la profunda conmoción social generada por el femicidio de Gemma Álvarez, el trágico caso de la joven sanjuanina asesinada por su expareja. Este hecho volvió a poner bajo la lupa la efectividad de los mecanismos estatales de protección, contención y seguimiento para personas que denuncian situaciones de violencia o vulnerabilidad.
Los pilares de la iniciativa de Fernanda Paredes
Adhesión a la normativa nacional: La propuesta busca replicar los estándares de la Ley 27.372 en el ámbito provincial, garantizando a los damnificados derechos esenciales como el asesoramiento legal gratuito, el acceso a la Justicia, un trato digno y respetuoso, y la protección integral.
Creación del Observatorio de Víctimas: La norma prevé la formación de un espacio técnico encargado de monitorear, recopilar datos estadísticos y analizar las cuestiones vinculadas a las víctimas y sus entornos, sirviendo como insumo fundamental para el diseño de políticas públicas de seguridad.
Acompañamiento y seguimiento: Se jerarquiza el derecho a recibir información oportuna sobre el estado de las causas judiciales, evitando la revictimización institucional.
Tras la aprobación del tratamiento de preferencia en la sesión de este jueves, el proyecto comenzará a ser analizado en profundidad dentro de las comisiones parlamentarias, donde se buscarán los consensos necesarios para avanzar hacia su sanción definitiva en el recinto.
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