La Cámara de Diputados de San Juan aprobó ayer la adhesión a la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio, que establece el abordaje integral de la problemática, con importantes definiciones acerca del rol del Estado. Determina, entre otros puntos, la atención coordinada, interdisciplinaria e interinstitucional de aquellas personas que presentan riesgo suicida o intento de suicidarse; la atención de familiares; la capacitación del recurso humano que colabore en la atención de estas personas. Y también dispone que las obras sociales deberán prestar cobertura asistencial a las víctimas de intento de suicidio y a sus familias, así como a familiares de personas que se quitaron la vida.