En regla. El 20% de los locales donde se manipulan alimentos no supera una inspección bromatológica. La clausura es una instancia que generalmente indica que el comerciante no tramitó las habilitaciones en advertencias previas.
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La clausura durante unos días de una popular parrillada y la rescisión del contrato de la empresa que prepara las comidas para los internos del Hospital Mental de Zonda ocurrieron con pocos días de diferencia y fueron noticia en la semana. Un dato de la situación general sobre este tema es que el 20 por ciento de los locales que manipulan alimentos en el Gran San Juan recibe un acta de infracción del sector de Bromatología del Ministerio de Salud Publica al momento de ser inspeccionados, según la estimación del director de ese área, Raúl Tomba.

El funcionario afirmó que no cuentan en la actualidad con registros que indiquen la cantidad de inspecciones realizadas y de las infracciones confeccionadas, aunque reconoció que "en promedio, cada cinco inspecciones hay una infracción".

Trabajar con productos que no acreditan su procedencia es motivo usual de infracción. La presencia de insectos, especialmente cucarachas, es otra infracción común.


Tomba señaló que la principal causa que motiva a dejar registro de la falta está conformada porque no cuenta con la habilitación correspondiente. "Sucede en la mayoría de los casos. Y en muchos de ellos, está acompañada también la falta de higiene y orden en la cocina. Encontramos presencia de insectos y la plaga principal es la de cucarachas", detalló el director, quien agregó que "en la mayoría de los casos, los comerciantes muestran ser hijos del rigor".

Aclaró que esto sucede así porque la mayoría cumple con las exigencias recién cuando se produce la orden de clausura, emitida por un juez de Faltas, quien toma la decisión debido a que el infractor no cumplió con las advertencias previas.

"Hay gente que trabaja bien y además aplica la solución si se le detecta una falta. Pero son muchos quienes recién acatan cuando les llega la orden de clausura. Y el juez lo hace porque el comerciante no mostró predisposición a solucionar el tema antes", reflejó el funcionario.

Tomba señaló que "muchos que no tramitan las habilitaciones es simplemente para evitar costos. Quieren trabajar en forma clandestina porque les reditúa más que blanquear la situación. Hasta que no se los sanciona, no aplican las medidas que deben hacer".

Otro punto importante es la manipulación de productos que no demuestran su procedencia. "Que la gente se fije lo que compra. Que el producto tenga un rótulo. Eso ayudaría mucho porque desaparecería mucha gente que trabaja en forma clandestina", agregó el director, quien concluyó que esa falta a la norma aumenta en las zonas periféricas de la ciudad.

 

 

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Publicado por Diario de Cuyo en martes, 10 de abril de 2018