El sistema de Flagrancia, el enjuiciamiento exprés para personas detenidas en el momento en que cometen un delito, había quedado habilitado para poner la lupa en los que violaran el aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso la Nación. Y en tres días de audiencias, hubo 77 condenados. De ese total, 63 ciudadanos recibieron una pena en suspenso, por lo que no tuvieron que ir a la cárcel. Esto quiere decir que se trata de personas que no tenían antecedentes (ergo, no son delincuentes), pero al incumplir la cuarentena incorporaron a su planilla su primera macha legal. Y en el caso de que volvieran a cometer otro delito o infringir la disposición sanitaria irán a prisión.

Según las estadísticas, otros cuatro sujetos fueron apresados en la calle mientras ignoraban la cuarentena, pero como cargaban con antecedentes previos, recibieron castigos de cumplimiento efectivo. Otros diez también fueron condenados por incumplir con el aislamiento, pero porque, además, salieron a cometer otro delito (como robo, hurto o un caso de violencia de género). De ese grupo, siete tuvieron una sentencia condicional porque no cargaban con condenas firmes y tres fueron a parar al Penal.

Tanto fuentes judiciales como gubernamentales destacaron que los resultados son únicos en el país, los que se deben a que el funcionamiento de Flagrancia ya está aceitado y, por sus propias características, se trata de un procedimiento veloz, dado que la prueba contra un imputado es evidente y está al alcance de la mano.

Desde el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Eduardo Quattropani, se tomó la decisión de no conceder en las audiencias el beneficio de la probation o suspensión de juicio a prueba, esto es, la realización de tareas comunitarias y el pago simbólico de una suma de dinero a cambio de que se borre el antecedente penal. En ese marco, el jefe de los fiscales resaltó que "no estamos dando probation porque el delito es grave en sus consecuencias: se trata de parar o colaborar para atenuar una pandemia". A su vez, agregó que "no me gustan las consecuencias de un antecedente penal en el futuro laboral de una persona, lo tengo claro. Pero los que tienen que entender son ellos. Por ahora vamos a mantenernos firmes". Y no se privó de tirar una dura definición contra los infractores: "La verdad, respetuosamente dicho, algunos parecen imbéciles diplomados. No es nuestro problema. No somos los encargados de su educación, sino de aplicar la ley".

Las declaraciones de Quattropani obedecen a situaciones insólitas que se han presentado. Pese a que existe la obligación de permanecer en el hogar, salvo para los trabajadores de actividades exceptuadas o para salir a comprar alimentos o medicamentos, la Policía ha detenido a personas jugando a la pelota, paseando a un perro, andando en bici o tomando bebidas. En los casos por la sola violación al aislamiento, las penas han ido de seis a ocho meses de prisión en suspenso, dijo el fiscal Coordinador de Flagrancia, Daniel Guillén. Si bien la persona no va a la cárcel, carga con un antecedente penal.

Por otro lado, Quattropani resaltó el trabajo de los ayudantes fiscales que están en las calles y en las comisarías.