En una reunión celebrada la semana pasada el gobierno, a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), acercó a las cámaras empresarias la propuesta de que para resolver el conflicto por las Tasas Municipales -de servicios y alumbrados- asociadas al consumo eléctrico, quede el cobro de un valor fijo anual en lugar de un porcentaje como es actualmente. Pero el empresariado la rechazó e insisten en que los intendentes sanjuaninos dejen de cobrar estas contribuciones con la boleta del servicio eléctrico, según informaron fuentes del sector. La reunión fue convocada en la sede del EPRE y fue la primera donde el gobierno acerca una propuesta en ese sentido, luego de que en las reuniones del Acuerdo San Juan la Mesa de la Productividad -integrada por la Cámara Minera, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio Exterior y la Unión Industrial de San Juan-, la Federación Económica y todo el arco de entidades productivas de la provincia plantearan eliminar el cobro de las mismas como un porcentaje ligado directamente al consumo eléctrico como es actualmente. El pedido ingresó entre otros ítems solicitados para lograr un alivio fiscal. De acuerdo a las fuentes, la oferta oficial consistió en determinar un valor fijo para el cobro de las tasas, lo cual iba disminuir entre un 17 a un 20 por ciento el valor del alumbrado, de tal manera que el importe final de la factura se iba a transformar en un 3 por ciento menos.

CONTRAOFERTA

Los empresarios agradecieron que el Ejecutivo busque dar una solución al conflicto, pero desaprobaron la iniciativa. En cambio ahora están abocados a plasmar una contraoferta en un documento que será enviado al gobierno. Anticiparon que allí plantearán directamente que no se incluya el valor del cobro municipal en una boleta de servicio. ""No puede ser que se corte un servicio por no pagar una tasa, si la tasa es de alumbrado público, no tiene nada que ver con el consumo eléctrico que haga una pyme, un comercio o una emprendimiento agrícola", explicó un conocido dirigente. Como antecedente recordaron cuando hace unos años atrás un intendente caucetero pretendió cobrar la cuota de un cementerio parque en la factura eléctrica, y el representante del EPRE desestimó la medida. ""No decimos que no hay que pagar el alumbrado público, sino que no lo pongan con la energía", agregó otro empresario consultado. No es todo. Aseguran que en el documento incluirán como pedido que se quite el cobro de Ingresos Brutos por la generación y transporte de electricidad, con el argumento de que la compañía eléctrica solo hace la distribución del servicio. Eso significa que lograrían reducir en un 60% el valor de la factura, según dicen.

Las entidades, sobre todo los agroindustriales, quieren sacar esos impuestos municipales especialmente ahora que se avecina una prolongada sequía en el territorio sanjuanino, que podría durar una década (ver recuadro). Teniendo en cuenta eso, los sectores productivos deberán multiplicar la instalación de perforaciones de agua con el consiguiente encarecimiento de costos debido a los valores de la energía.

Este es un reclamo que nació en el 2016 cuando la Nación quitó los subsidios eléctricos en el país a principios de año, y las tarifas se incrementaron fuertemente. Como las tasas y contribuciones municipales son un porcentaje del consumo, la recaudación de los intendentes subió considerablemente con el tarifazo eléctrico, desatando la queja de varias cámaras y entidades. En aquel año los industriales calcularon que las Tasas Municipales representaban entre un 18% y 20% del total de la factura, según el departamento. En noviembre de 2017 la Asociación de Viñateros Independientes volvió a la carga contra esas contribuciones municipales y pidió quitarlas de la facturas eléctricas por riego agrícola y agroindustrial. Entonces calcularon que la tasa municipal se había incrementado seis veces en los dos últimos años en forma proporcional a la energía, mientras que si se hubiera ajustado por inflación tendría que haber subido sólo 50%. En el 2018 y 2019 se unieron 16 cámaras y entidades y hablaron con intendentes, el gobernador y el EPRE, pero no lograron su cometido.

  • Sequía: más pozos, más costos

Un informe elaborado por un comité de expertos integrado por funcionarios y especialistas de distintos ámbitos de San Juan, presentado por el gobernador Uñac el jueves pasado, revela un diagnóstico sombrío para esta provincia en cuanto a crisis hídrica.

Menciona que tanto Argentina como Chile vienen padeciendo en la última década una grave crisis hídrica, que se agudizó entre el 2010 y el 2014 y que después tuvo una leve interrupción por el efecto del "Niño" entre 2015 y 2016, agravándose en la temporada nival 2019. Y que el periodo actual 2019-2020 se encuentra como la cuarta mayor sequía histórica observada sobre el río San Juan. Además, según la tendencia que se viene registrando, las predicciones futuras indican que el río San Juan traerá muy poca agua en la década del 2020 al 2030.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los recursos hídricos y el agua almacenada en los diques, se agotarían las reservas, no logrando el sistema cubrir las demandas promedio de los últimos años.

Por eso es que, entre otras medidas, los expertos proponen aumentar la extracción del agua subterránea para cubrir el faltante en la demanda, lo que provocará un aumento de los costos de producción asociado a gastos por uso de energía eléctrica, produciendo de esta manera un impacto considerable en la economía de la provincia.