El caso de José Luis Miranda, el hombre que baleó a su expareja y a sus dos hijos de 4 y 9 años, y que luego intentara matarse, no sólo conmocionó a la provincia, sino también sorprendió por la demora que, de no haber existido, podría haber evitado el desenlace casi fatal. Pasaron 43 días entre que la exmujer del agresor, Julieta Herrera, solicitara una medida de protección en la Comisaría 25, de Rawson, y que la Dirección de Familia de ese departamento hizo llegar este pedido a la Justicia. Esta demora generó un cruce entre ambas entidades y dejó al descubierto una serie de fallas institucionales. Desde la Justicia dijeron que es "muy poco frecuente" que el proceso de solicitud de una medida de protección demore tanto, pero que desconocen cuáles fueron las razones.
Según consta en el expediente judicial, fue el 10 de octubre pasado cuando Julieta Herrera pidió una medida de protección contra Miranda en la Comisaría 25. Pero recién el 22 de noviembre la Dirección de Familia de Rawson la hizo llegar al Juzgado de Familia de Tercera Nominación, donde fue aprobada rápidamente al día siguiente, pero el ataque ya se había concretado. "No es para nada habitual que un pedido de protección demore tanto en llegar a la Justicia, realmente estamos sorprendidos de que haya tenido esta demora. Normalmente pasan entre 4 y 5 días entre que un dispositivo municipal recibe el pedido y lo deriva a un Juzgado de Familia. En este caso tardó 43 días en llegar y eso indica que alguien se demoró en el camino, aunque desconozco cuáles fueron las razones. La Justicia actuó bien y a tiempo", sostuvo Esteban de la Torre, juez de Familia de Tercera Nominación.
En el ojo de la tormenta y de los cuestionamientos quedaron tanto la Comisaría 25 como la Dirección de Familia del municipio de Rawson, que protagonizaron versiones cruzadas con respecto a las responsabilidades en la demora de este caso que pudo terminar en una tragedia múltiple.
Salomé Arias, a cargo de la dirección mencionada, dijo que la solicitud de protección de la expareja de Miranda llegó a su área el 31 de octubre, y por un mal accionar de la Policía. "La gente de la Comisaría 25 recibió el pedido de protección por parte de la expareja de Miranda y, a los 7 días, la envió a la Dirección de Mujer de la provincia, cuando la debería haber enviado a la Dirección Municipal como corresponde. El 17 de octubre ingresó a la Dirección Provincial como expediente por la mesa de entrada y comenzó todo un proceso administrativo para recién luego ser enviado al ente municipal. Por esta desinformación de la Comisaría se demoró el trámite y a nosotros nos llegó el expediente de pedido de protección recién el 31 de octubre", dijo Salomé Arias, a cargo de la Dirección de Familia de Rawson.
De esta manera, y según lo dicho por Salomé Arias, la desinformación aparece como una de las primeras fallas que develó el caso de la familia baleada.
Frente a las declaraciones de la funcionaria rawsina, Víctor Montaño, comisario inspector a cargo de la Comisaría 25, salió al cruce de Arias para dar su versión. Sostuvo que con el caso de Julieta Herrera se procedió tal como "lo establece el protocolo". Aunque sin dar demasiadas especificaciones. "El 10 de octubre recibimos la solicitud de protección por parte de la señora Herrera y la derivamos a la Dirección de la Mujer de la provincia donde reciben todos estos casos y luego se encargan de derivarlos a la unidad municipal correspondiente. Así lo establece el protocolo de procedimiento, no le tenemos que mandar nada a nadie más como dicen desde el municipio", sostuvo Montaño.
En cuanto a la demora de 7 días que hubo entre que la comisaría a su cargo recibió esta solicitud de protección por parte de Herrera y que la misma llegara al ente provincial, Montaño no tuvo respuestas certeras. Sólo dijo que pudo haberse demorado porque pudo haber un feriado en medio o porque el formulario de la solicitud de restricción tuvo algún error y hubo que rehacerlo. "La verdad que no recuerdo bien qué pudo haber pasado", dijo el comisario.
Por su parte, Salomé Arias también buscó explicar la demora que se registró entre que el municipio recibió esta solicitud de protección el 31 de octubre hasta que la envió a la Justicia el 22 de noviembre. Dijo que la demora se debió por un lado a que la expareja no asistió a la primera cita para hablar sobre su situación de violencia y su pedido de ayuda, y por la falta de personal. Esta es la segunda falla que salió a la luz. "Cuando recibimos el expediente de la solicitud de protección por parte de la expareja de Miranda, la llamamos y citamos para una entrevista con el equipo interdisciplinario encargado de evaluar su caso y su situación de riesgo, necesario para elaborar el informe que enviamos a la Justicia. No vino. Un operador territorial tuvo que ir hasta su casa y dejarle una citación para que viniera. Lo hizo recién el 15 de noviembre. Y el 22 enviamos el informe y la solicitud de protección al Juzgado de Familia. Hubo una demora mayor de lo habitual porque justo agarramos el feriado largo del 20 de noviembre, y porque los profesionales de la Dirección no dan abasto para hacer todo el trabajo", sostuvo Arias.
La funcionaria agregó que el dispositivo municipal está conformado por 7 profesionales (abogados, trabajadores sociales y psicólogos) que trabajan en dos equipos y que se encargan de atender los más de 20 casos de problemática familiar que llegan a diario a esta Dirección, de entrevistar a los involucrados y de elaborar los informes para la Justicia. "En lo que va del año recibimos 975 solicitudes de protección por violencia, y cada caso se debe evaluar para determinar el grado de riesgo. En realidad nunca se puede decir que uno tiene menor o mayor riesgo que otro porque hay situaciones de violencia que son impredecibles, como fue el caso de Miranda. Si fuera por los dichos de la expareja, nada indicaba el desenlace que tuvo. La mujer relató que pidió protección luego de que él quisiera entrar a su casa y llevarse su teléfono, nada más. Que más allá de los problemas por la cuota alimentaria, él nunca fue violento con los niños. Nada nos indicó este final", dijo la funcionaria, admitiendo que al caso no le dieron prioridad como urgente.
> Pedido de protección más ágil
El juez de Familia, Esteban de la Torre, dijo que una forma de agilizar la obtención de una medida de protección en un caso de violencia de género es que la víctima la solicite en la Unidad Fiscal CAVIG, que, pese a pertenecer al fuero Penal, puede tomar el pedido y derivarlo directamente a los Juzgados de Familia. Y que, ante un caso de extrema gravedad y peligro, la víctima también puede pedir una medida de protección directamente en estos juzgados que se encuentran en calle Mitre y General Acha.