Ante la segura caída de los recursos en las arcas comunales por el parate económico que generó el coronavirus, los cinco intendentes del Gran San Juan ya vienen ejecutando sus respectivos ajustes para asegurar el pago de sueldos a los empleados. Entre las medidas, la mayoría hizo una restricción en la obra pública, otros también definieron planes de pago en cuotas con los proveedores, mientras que todos proyectaron un estricto control del gasto corriente. Con los recortes, todos indicaron que están en condiciones de hacer frente a los salarios de este mes, aunque para ello deberán resignar otras partidas.

En un relevamiento de este medio, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, de Producción y Trabajo, había señalado que iba a necesitar ayuda de la provincia para cancelar los haberes de mayo, planteo al que se sumaron su par santaluceño, Juan José Orrego, y el jefe comunal de Rawson, el peronista Rubén García. En cambio, los justicialistas Emilio Baistrocchi, de Capital, y Fabián Gramajo, de Chimbas, habían indicado que no iban a tener inconvenientes en cuanto a lo salarial, por lo menos en lo inmediato. En ese marco, la ministra de Hacienda, Marisa López, había contestado que, por el momento, no había recursos extra para solventar una ayuda en sueldos, aunque no descartaba ni confirmaba un auxilio en el futuro. Sí había remarcado que los intendentes debían revisar sus presupuestos y ajustar los gastos, tal cual lo venía haciendo el Ejecutivo provincial. Además, salieron a la luz las cifras de la coparticipación municipal de abril, las que revelaron que en el primer cuatrimestre del año, las comunas recibieron un 44,1 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Si se tiene en cuenta que la inflación interanual a marzo fue del 48 por ciento, los municipios sólo estuvieron cuatro puntos por debajo. No obstante, todo indica que la caída de recursos será fuerte en el transcurso de este mes.

En ese contexto, los jefes comunales metieron tijera en sus presupuestos. Baistrocchi explicó que redujo "el presupuesto para obras de 300 millones a 120 millones de pesos, hubo un ahorro de 2 millones de pesos al bajar las horas extras y otro de 1,5 millones por la falta de actos culturales y deportivos. Además, el descuento del 30 por ciento del sueldo de la planta política generó recursos por 2,2 millones de pesos mensuales". A todo eso le sumó el ajuste en cargos políticos que hizo al asumir, lo que le permitió tener un colchón para afrontar la crisis. Así, aseguró que "tenemos para pagar sueldos hasta julio, después veremos". Por su parte, Gramajo dijo que logró bajar el gasto corriente gracias al reajuste de contratos, movilidades y combustibles. "Llegamos a un acuerdo con proveedores para tener el servicio y pagarlo en cuotas hasta fin de año", destacó el chimbero, a la vez que resaltó que realizó acciones que le permitieron ahorrar 20 millones de pesos por mes. Así, aseguró que cuenta con los 29 millones de pesos para el pago de salarios. Por el lado de Rawson, García señaló que "vamos a tener que hacer una reprogramación con los pagos a proveedores" y que "frenaremos la obra pública para reasignar partidas para sueldos. En esa línea, el rivadaviense Martín indicó que "los 25 millones de pesos para haberes están asegurados, el problema son los 20 millones restantes para gastos corrientes". Por eso, a los proveedores no esenciales, "les pagamos por parte", indicó. Desde Santa Lucía informaron que redujeron un 35 por ciento el gasto corriente y que las obras están paradas.
 

Trabajadores

8.500  Son, al menos, la cantidad de empleados municipales, entre contratados, efectivos y becarios, que nuclean en total los cinco municipios del Gran San Juan.

Coparticipación

De acuerdo a la ley de coparticipación municipal, los recursos girados están atados a la recaudación provincial de impuestos y los fondos que envíe Nación por coparticipación federal. El primero es un 20 por ciento y el segundo, un 14,5 por ciento.

• Asistencia financiera

El Gobierno provincial distribuyó ayuda a los municipios para mitigar los efectos del coronavirus y contener a los grupos vulnerables y sectores de la economía afectados por el aislamiento obligatorio. En primer lugar, repartió 31 millones de pesos del Fondo de Emergencia Municipal (FEM), de acuerdo al índice de coparticipación de cada comuna. La partida se alimenta de un porcentaje de los recursos nacionales y provinciales y se destina, como su nombre lo indica, para casos de emergencias sanitarias, sociales y económicas.

Luego, la gestión uñaquista decidió destinar 100 millones de pesos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) entre los 19 departamentos bajo los mismos parámetros con los que realiza la distribución por la coparticipación. Dicho fondo tiene como objetivo el desarrollo de proyectos para la ejecución de obras municipales, por lo que hubo que hacer una excepción a la ley para el nuevo destino. Es que el gobernador Uñac y los jefes comunales acordaron que esos recursos también reforzaran las áreas de salud, seguridad y asistencia social para prevenir la pandemia. Inclusive, la ministra de Hacienda, Marisa López, había señalado que los intendentes también podían usar el dinero para afrontar el pago de salarios. Dicha modificación de los destinos de los recursos fueron aprobados por la Cámara de Diputados y ya fueron destinados a las comunas.