La separación de los ingenieros civiles del resto de los profesionales de su ámbito abrió una gran polémica. Si bien desde la mayoría de las instituciones que trabajan con estos profesionales la apertura del Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan tiene el visto bueno, hay opiniones encontradas, pues se puso en juego una "importante" suma de dinero que nadie quiere decir cuánto es.

Según pudo reconstruir este medio, en esta polémica hay tres actores principales: el Consejo de Profesionales, los ingenieros civiles y el Centro de Ingenieros. Esta última institución es la más antigua y funciona como institución gremial, académica y social. A la vez, fue la que impulsó la creación del Consejo, para que administrara la matriculación de los profesionales. Es justamente esta institución quien sacó una solicitada para comentar el descontento que hay por la separación de los civiles del Consejo.

"El Centro de Ingenieros está preocupado porque una de las entidades de la ingeniería de San Juan está por dividirse", dijo María Inés Lesich, la presidenta del Centro. A la vez, desde esta institución dijeron que para ellos la decisión de la colegiatura no es correcta ya que fue tomada sin consenso. Por otra parte Lesich denunció públicamente que esta división no está realizada para beneficiar a los ingenieros sanjuaninos. Por el contrario dejó ver que es para beneficio de unos pocos, pues como dice la ley la comisión directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, será elegida por la actual comisión del Consejo de Profesionales que está compuesto en su mayoría por civiles. "El Consejo sólo está administrado por ingenieros civiles y ellos mismos decidirán como se conformará el Colegio", agregó Lesich y dijo que serán "juez y parte". A la vez, como dice la solicitada están en juego "intereses económicos de alto impacto".

Desde la otra vereda, Cesar Aguilar y Fernando Moya (diputados e ingenieros civiles que impulsaron la ley), y el presidente del Consejo dijeron que lo mejor que le puede pasar a la ingeniería es la separación. A la vez, coincidieron que el proyecto fue presentado con el aval de al menos 300 ingenieros civiles de San Juan.

Refutando los dichos de la ingeniera, Aguilar y Moya agregaron que el enojo de las autoridades del Centro de Ingenieros se da porque ellos perderían parte de sus ingresos económicos. Hay un decreto que indica que de la recaudación del Consejo de Profesionales (recaudación que surge de la matriculas anual y la registración de tareas) se deriva dos terceras partes al Centro de Ingenieros y el resto queda en el Consejo. "Si nosotros nos vamos, que somos los que más aportamos, los dos tercios que van al Centro van a ser mucho menores. Ellos deberían preocuparse para que todas las especialidades registren tareas y que todos se matriculen. De esa manera podrán seguir funcionando", agregó Aguilar. Al ser consultados sobre el dinero que entrega el Consejo al Centro de Ingenieros, el presidente Ward dijo: "Esos números no deberían ventilarse. En las asambleas con los cierres anuales se informan los números y están transparentes". Mientras que Lesich no respondió esa pregunta y Moya dijo no conocerlos.