El Gobierno sacó ayer una ley de necesidad y urgencia para contemplar la emergencia sanitaria en la provincia por la pandemia del coronavirus. Entre los efectos prácticos, el Estado podrá acelerar las adquisiciones de insumos y las contrataciones de servicios en todo lo que tiene que ver con salud, seguridad, asistencia social y el normal funcionamiento de la administración pública. Para darle rapidez a dichos trámites, el Ejecutivo utilizará mecanismos como la compra directa o el concurso de precios, sin la necesidad de acudir a una licitación. Este último proceso demora, al menos, tres meses para hacerse de un bien o servicio y la problemática del Covid-19 puede exigir que, por ejemplo, se necesiten grandes lotes de barbijos y alcohol en gel o respiradores y camas solamente en materia sanitaria, además de las asistencias sociales a los sectores más vulnerables que puedan surgir. Encima, las mesas de apertura de sobres de licitación hoy no pueden conformarse porque falta personal debido al aislamiento preventivo, explicó Marisa López, ministra de Hacienda, quien agregó que todo eso se aplicará mientras dure la emergencia sanitaria.

La funcionaria subrayó que en el marco de la cuarentena obligatoria y de la no circulación, "no podemos dejar de prestar los servicios, por lo que generamos estos mecanismos. Tenemos que buscar vías de excepción porque no podemos detener los procesos normales, con el simple objetivo de cumplir con las funciones del Estado y estar atentos a todas las necesidades". El régimen de compras provincial establece una serie de montos para cada sistema de adquisición. Una compra directa llega hasta los 60 mil pesos mientras que un concurso de precios (se invita a empresas a las que se les pide un presupuesto) alcanza los 400 mil pesos. Por su parte, la licitación pública comprende a presupuestos por arriba de 600 mil pesos y se trata de un proceso que demanda, al menos, tres meses.

López destacó que pueden darse situaciones urgentes y de emergencia en las que no tengan el tiempo para esperar procesos administrativo tan largos, por lo que, por ese motivo, se instrumentaron esos mecanismos de excepción en la ley de emergencia sanitaria. La ministra de Hacienda resaltó que irán evaluando, antes las necesidades de insumos y servicios, si aplican la compra directa o el concurso de precios, sin dejar de remarcar que se garantizará la transparencia al solicitar más de un presupuesto. "Es adecuar los procesos contables y administrativos mientras dure la emergencia", indicó la funcionaria.

Además de lo sanitario, López señaló que el foco estará puesto en "la seguridad y los sectores más vulnerables". Así, mencionó que "los policías no pueden salir sin elementos de seguridad, como guantes y barbijos". Y otro punto que señaló son las compras que tengan que hacer las reparticiones del Estado para que puedan brindar sus servicios o mantener las condiciones de salubridad de la gente que esté obligada a ir a esa dependencia, como un servicio de limpieza.

López resaltó que el marco de excepción ya estaba contemplado en la ley de Contabilidad, pero que se reafirmó a través de la norma que firmó el Gobernador y que debe ser tratada por la Cámara de Diputados. Si no se expide en 30 días, queda aprobada tácitamente.

Flagrancia
 

En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó ayer la incorporación al sistema de Flagrancia los delitos contra las medidas y disposiciones determinadas en la lucha contra el coronavirus (Covid-19) o cualquier otra situación de emergencia sanitaria.

Casos
 

Desde el Ministerio Público Fiscal habían explicado que se contemplarán los casos de las personas que violen el aislamiento a pesar de que tengan síntomas del coronavirus, que hayan estado en países de riesgo o en contacto con personas de esos lugares. Están previstas diferentes sanciones.