El Ejecutivo enviará la próxima semana un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para sacar de la incertidumbre a todos los colegios profesionales de la provincia. La necesidad de sancionar una norma radica en la imposibilidad de llevar adelante elecciones de autoridades, ya que las medidas de distanciamiento dictadas para mantener el status sanitario por el coronavirus no lo permiten. Sin los comicios, no se pueden elegir representantes y hay casos en los que cumplen funciones tienen vencimiento de mandatos, por lo que, sin una ley, las entidades quedarían acéfalos. La iniciativa también involucrará al Foro de Abogados, que ya decidió la suspensión de ir a las urnas hasta no tener el OK del Comité Covid-19 (Ver Otras...).

Fuentes oficiales indicaron que el proyecto de ley está casi listo y restan definir algunos detalles. La norma suspenderá las elecciones de todas las Personas Jurídicas de Derecho Público no Estatales y prorrogará los mandatos. Sobre este último punto, la idea que se baraja es que la duración en los cargos sea hasta enero de 2021. Esto es, que no habría cambio de autoridades en lo que resta del año. Incluso, la norma dejará prevista la posibilidad de que el Ejecutivo pueda extender los plazos de los mandatos a través de un decreto, sin la necesidad de que dicho cambio pase por la Cámara de Diputados, siempre y cuando las condiciones sanitarias no permitan la realización de un comicio.

Los organismos que cumplen las características de Personas Jurídicas de Derecho Público no Estatales están nucleadas en la Federación de Entidades Profesionales Universitarias (FEPU). Según explicó su presidente, Cristóbal Sánchez, en dicha entidad hay 22 colegios profesionales y todos fueron creados a través de una ley que define su funcionamiento y el momento en el que debe haber elecciones y cambio de autoridades. Por eso, es necesaria otra norma para poder estirar los mandatos, ya que dichos cambios no pueden ser llevados adelante por las asambleas de las organizaciones.

Sánchez explicó que, si bien todas las entidades están bajo el mismo paraguas legal, hay al menos cinco que necesitan resolver ese conflicto en el corto plazo, ya que deberían llamar y realizar las elecciones en los próximos dos meses. Ese es el caso del Foro de Abogados, a quien se le suma el Colegio Profesional de Ciencias Geológicas, el de Psicólogos, el Fisiokinésico y el de Arquitectos. Por otro lado, Sánchez indicó que hay un número similar de instituciones que estarán en la misma situación antes de fin de año. El resto no tiene inconvenientes, ya que la extensión de las funciones en sus cargos finaliza en 2021 o 2022.

Que el Ejecutivo tome cartas en el asunto se debe a que la misma FEPU presentó un escrito en el Ministerio de Gobierno en el que plasmó la necesidad de dar una solución para que las entidades profesionales no incumplan con su propia ley. La cartera que conduce Fabiola Aubone mantuvo comunicación con la FEPU y les prometió una solución que ahora será plasmada en una ley.

Al ser consultado sobre el conflicto, Sánchez indicó que "la FEPU pidió que se aclare la situación y que se haga lo que crea disponible. El problema es que no podemos estar sin saber si vamos a poder llamar a elecciones, si no van a haber comicios, si se vencen los plazos de los cargos o qué hace la gente que pertenece a un colegio formado por ley para poder prorrogar los mandatos. Y si se finaliza el período, ¿qué se hace? ¿Siguen vigentes? Nosotros entendemos que esa prórroga debe ser por una ley, no hay otra opción".

• Abogados sin elección

En búsqueda de cumplir con la ley que los rige, el Foro de Abogados solicitó la autorización para llevar adelante la elección de autoridades (vicepresidente y tres miembros del directorio), prevista para agosto. Las autoridades presentaron un protocolo para respetar el distanciamiento y, así, asegurar la salud de los profesionales. Pese la pedido, el Ministerio de Salud les denegó la solicitud porque "no están dadas las condiciones sanitarias para el desarrollo del acto eleccionario". Así, la Junta Electoral del Foro decidió "suspender la convocatoria, hasta tanto estén dadas las condiciones de salubridad".

• Otras organizaciones

A fines de marzo, la Inspección General de Personas Jurídicas prorrogó el mandato de todas las entidades a su cargo "mientras dure la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país". La medida afecta a todas aquellas organizaciones sociales como clubes y ONGs que no sean Personas Jurídicas de Derecho Público no Estatales. Por otro lado, a principios de junio, el Ministerio de Gobierno habilitó las reuniones y asambleas a distancia, es decir, mediante la utilización de medios o plataformas digitales.