Tras el terremoto del 27 de febrero, en Chile se encendió el debate por el incremento del royalty minero, como una fuente de financiación importante para encarar la reconstrucción. La discusión, de este lado de la frontera, también promete ganar espacios en el Congreso de la Nación, donde ya ingresaron al menos tres proyectos para modificar el mecanismo de liquidación y el porcentual aplicable en la gran minería metalífera. En este marco, lo que resuelvan los chilenos sentaría un precedente y el empresariado local sigue muy atentamente los acontecimientos.
“Que la minería deje más, pasa por la sostenibilidad del negocio minero, por la gestión de las empresas mineras en correlación con las comunidades, y no pasa por las rentas generales o por las tasas impositivas que se puedan poner”, advirtió Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera de San Juan, en clara oposición a cualquier modificación del marco normativo vigente.
En Argentina la ley nacional fija la pauta para que las provincias regulen el cobro de regalías hasta el 3 por ciento –no más- del valor del mineral en “boca de mina”. Los proyectos presentados por los diputados nacionales Daniel Tomas y Mauricio Ibarra, y por el senador César Gioja, coinciden en reemplazar el criterio de “boca de mina” por el de “facturación”, lo que en la práctica genera un mayor impacto recaudador. Ibarra propone además elevar el porcentual de 3 a 7 puntos y Gioja, establecer un porcentaje variable.
El debate argentino encontró un espejo importante cruzando la cordillera, dado que Chile tiene una larguísima trayectoria minera metalífera y allá comenzó a discutirse la suba del royalty luego de la devastación y la cuantificación de las pérdidas en el orden de los 30.000 millones de dólares.
Chile impuso el royalty en el año 2005, luego de décadas de no cobrar este concepto. La semana pasada la prensa trasandina dio cuenta de que el asesor económico del presidente Sebastián Piñera, Paul Fontaine, propuso aumentar en 3 puntos el royalty “para posibilitar la reconstrucción nacional”.
Para el economista, pasar del actual 5 por ciento al 8 por ciento, la recaudación podrá financiar el plan para levantar a las regiones afectadas por el terremoto y posterior tsunami. El técnico aseguró que este incremento no “ahuyentará” las inversiones.
Además, la propuesta de Fontaine incluyó bajar el umbral de mineras a las que se les aplica el tributo, desde los actuales 80 millones de dólares en ventas anuales hasta los 50 millones. Este criterio sería permanente y debería generar ingresos por 500 millones de dólares adicionales para el Estado, de los cuales el 20 por ciento correspondería a mineras que hoy están exentas del concepto.
En San Juan el debate chileno no pasa inadvertido, al menos en el sector empresario. El presidente de la Cámara Minera local destacó que el gobierno de Piñera ha garantizado seguridad jurídica y que idéntica actitud debiera asumir la dirigencia política argentina.
“Sé que hay un debate pero el ministro de minería respondió que estas medidas son bien intencionadas desde el punto de vista de la solidaridad social, pero que el nuevo gobierno chileno tomaba con mucha preocupación el hecho de mantener la seguridad jurídica y no juzgar sobre hechos que, a pesar de que es una situación delicada y lamentable, son coyunturales”, dijo Martínez.
El dirigente empresario destacó que los chilenos “privilegian, a pesar de la situación en que se encuentran, el hecho de sostener una seguridad jurídica y de no mantener al mundo ante la expectativa de que las normas puedan cambiar”.
Pero reconoció que en Argentina hay un clima diferente. “Resulta que ahora la minería, cuando está instalada, ya no es necesario promoverla. Entonces le subimos las tasas de las regalías para que deje más. Pero esto pasa por la sostenibilidad del negocio minero, por la gestión de las empresas mineras en correlación con las comunidades, y no pasa por las rentas generales o por las tasas impositivas que se puedan poner”, advirtió Martínez.