El reciente rechazo por unanimidad por parte de la Legislatura mendocina a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto cuprífero San Jorge, avivó especulaciones sobre la alternativa de que el mineral se procese en San Juan. Si bien es factible desde lo técnico, mediante camiones o una cinta transportadora se puede traer el mineral desde la provincia vecina, el contexto es adverso por lo politizado del tema y porque la comunidad mendocina se pronunció en contra de la minería metalífera en esa provincia. En términos más simples, si no es factible la extracción del mineral en Mendoza, no hay posibilidades para su tratamiento en San Juan. Claro está, la opción solo podría considerarse en caso de que el Ejecutivo mendocino envíe nuevamente la DIA a Diputados para su tratamiento y según se establece en la Ley 7722 (conocida como Ley Cobos), que faculta a la Legislatura para aprobar las declaraciones de impacto ambiental. De antemano esto implicará un replanteo del proyecto que contemple la extracción del mineral en Uspallata, Mendoza, y el tratamiento en Calingasta, la localidad sanjuanina vecina al yacimiento de cobre y oro.
Para Marcelo Bellini, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y presidente del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM), “más que hablar de que el mineral de San Jorge se procese en la provincia, lo que se puede decir es que es más probable que Coro Mining se traslade en San Juan y más cuando hay zonas mineralizadas confirmadas; a la empresa le sale más barato trasladarse acá que rehacer toda la ingeniería de su proyecto en Mendoza”, detalló Bellini. “San Jorge tiene aristas muy difíciles, por ejemplo está muy cerca del Observatorio Astronómico El Leoncito y jamás se dignó la empresa dueña del proyecto en acercar a San Juan lo que ellos presentaron sobre el impacto ambiental, estamos lo suficientemente próximos para tenerlo en cuenta, entonces hablar de procesar en San Juan es empezar de cero, además habrá que esperar a las próximas elecciones”, dijo al respecto Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ). Según Bergé, la eventual industrialización del mineral mendocino en tierras sanjuaninas implicará la obligatoria presentación de un nuevo Informe de Impacto Ambiental en esta provincia por parte de Coro Mining, que contemple a Calingasta como zona de influencia. En este sentido también deberá evaluarse cómo se realizará el traslado del mineral, aspecto que podría resolverse con la instalación de una cinta transportadora; “hay ejemplos de lugares con cintas de 80 kilómetros, pueden instalarse en tramos y son más económicas y con menor impacto que el traslado en camiones”, dijo Bergé. “Técnicamente el traslado y beneficio del mineral en San Juan es viable pero es empezar de nuevo, tendrán que hacer un nuevo estudio de factibilidad técnico-económica y en función de ello evaluar el transporte indicado según donde se instale la planta de tratamiento, el dique de colas; técnicamente es posible, pero difícil por como el tema minero está planteado en Mendoza”, agregó el ingeniero Luis Gutiérrez, profesor de Diseño de Planta en la carrera de Ingeniería de Minas en la UNSJ y profesor en Ingeniería de Metalurgia Extractiva, carrera también de esa universidad.
La posibilidad de que el cobre mendocino se procese en San Juan surgió hace un par de meses, luego de que la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) extendiera a Minera San Jorge el ofrecimiento de instalar su planta de tratamiento en las inmediaciones de Barreal, Calingasta, zona limítrofe entre ambas provincias y cercano al yacimiento. Tiempo después el tema se reavivó tras una reunión entre el gobernador José Luis Gioja y directivos de Coro Mining, encuentro en el que el funcionario les ofreció el territorio sanjuanino y la política de promoción de las inversiones definida a favor de la minería metalífera. Tras la negativa de la Legislatura mendocina a la DIA de San Jorge, en medio de un trasfondo fogoneado por la inminencia de las elecciones, la industrialización en San Juan se potenció como plan B para la reactivación del proyecto. Mientras, la empresa espera que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza declare la inconstitucionalidad de la Ley 7.722. La expectativa de la firma canadiense se basa en que esta ley ya tiene 12 pedidos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.