La Corte Suprema de Justicia confirmó ayer que el primer juicio por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández comenzará el próximo martes, tras dos días de polémica por una posible suspensión de la vista que generó enfado en parte del abanico político y cacerolazos en las calles.

Si ninguna decisión judicial de última hora lo impide, el 21 de mayo la actual senadora acudirá a los tribunales federales para ser juzgada por encabezar presuntamente una asociación ilícita y cometer fraude en la concesión de obra pública durante su mandato.

El juicio en la denominada "causa Vialidad" comenzará a las 12 del mediodía y al frente estarán los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso. 

Con la expectativa que genera ver a la otrora jefa de Estado y eventual candidata en los comicios presidenciales de octubre próximo sentada en el banquillo, la decisión esta semana de la Corte Suprema de revisar la documentación del proceso -al hacer lugar a recursos presentados por los acusados- despertó fuertes críticas, por el peligro de que se aplazara la vista o incluso se suspendiera, lo que generó sospechas de "impunidad". 

Mientras el Gobierno de Mauricio Macri llegó a hablar de "impunidad" y de "fallo político" -en medio de un año electoral-, la Fiscalía y las querellas pidieron que el debate comenzase en tiempo y forma y grupos de ciudadanos exigieron con cacerolazos en la noche del miércoles el comienzo del juicio.

Es así que por la mañana, el Máximo Tribunal de Justicia del país se vio obligado a aclarar la situación.

"El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno", explicó el máximo tribunal en un comunicado.

Así y todo, la Corte insistió en que debe cumplir con su misión de "guardián de las garantías constitucionales" y examinar el "correcto cumplimiento del debido proceso".

Tal y como se esperaba, la confirmación de que el martes Fernández se sentará ante los jueces ha generado tanta satisfacción en el Ejecutivo como reproches en el kirchnerismo.

"Es bueno, ante la conmoción social y el reclamo muy fuerte de la ciudadanía, que la Corte clarifique estos puntos", consideró el ministro de Justicia, Germán Garavano, ante la prensa, y recordó que Argentina ha tenido durante mucho tiempo "altísimos niveles de impunidad" que hacen que esto genere "profunda sensibilidad" en la sociedad. El entorno de la senadora no tardó en mostrar su disconformidad y acusó al Gobierno de presionar a la Justicia.

"Nunca en nuestra historia democrática se vio a un Gobierno perseguir tan brutalmente a los dirigentes opositores y presionar y hostigar sin descaro al Poder Judicial para blindar el saqueo sistemático y la entrega del país", opinó en Twitter el diputado kirchnerista Wado de Pedro, dirigente de La Cámpora.

Con una mirada más política, el abogado de la senadora Kirchner, Carlos Beraldi, analizó que "lo que quieren es la foto de Cristina para usarlo en el proceso electoral y la Justicia no se debe prestar a eso. Lo que pide la Corte no es impunidad, es debido proceso", remarcó.

En la llamada "causa Vialidad", una de las más de diez en las que Fernández está procesada -cinco con órdenes de detención que no se hacen efectivas por tener fueros- se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la sureña provincia de Santa Cruz -feudo del kirchnerismo- al Grupo Austral, propiedad del constructor Lázaro Báez, antiguo colaborador de Kirchner.

El caso afecta también a, entre otros, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el propio Báez, todos ya en prisión por otras investigaciones.

El expediente apunta a que se perpetró un plan para el manejo "fraudulento" de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en Santa Cruz durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas nacionales.

Los argumentos del escándalo

En un comunicado de 10 puntos la Corte Suprema argumentó los motivos de su intervención en el juicio contra Cristina Kirchner en la causa denominada "Vialidad".

Los jueces señalaron que "existen ante el Tribunal (la Corte), además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal 5048/2016, todos ellos en trámite".

El pedido de los expedientes fue publicado el miércoles en el Centro de información Judicial y motivó un "cacerolazo" que se escuchó en varios barrios porteños, sobre todo en los de Recoleta y Belgrano, entre otros. 

Los cinco miembros de la Corte explicaron también en el punto 2 del comunicado que "el paso jurídicamente adecuado fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al Tribunal Oral Federal interviniente, que fueron recibidos por el Tribunal en fecha 17 de abril de 2019". No obstante este pedido, aclararon los ministros que "de la lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes", y que "en función de ello este Tribunal solicitó con carácter de urgente el expediente principal al Tribunal Oral". Inmediatamente, el comunicado resaltó que "tal medida (pedir expedientes) es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades ("Romero Feris, Raúl", "Martel", "Tejerina, Romina", entre otros)". "Esa decisión no tiene firma alguna de los ministros, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado en el Centro de Información Judicial", aclararon los ministros. La Corte intervino al hacer lugar a un pedido de la defensa de Cristina para que se investigue todas las obras por las que la expresidenta está acusada en esta causa. El Tribunal pareció responder a esta inquietud cuando, en el punto 9, aclaró que "de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad".

A dos voces

ALBERTO FERNÁNDEZ   Ex jefe de Gabinete de CFK

Consideró que "lo que está haciendo la Corte Suprema es ordenar juicios que están llenos de irregularidades", en relación a la solicitud del expediente de la causa por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

FEDERICO PINEDO   Senador de Cambiemos

Remarcó que no se le está diciendo al juez que "condene a la expresidenta", sino que se haga justicia determinando en el juicio su inocencia o culpabilidad.y que se dilucide "quién es responsable de lo que pasó".

De qué se los acusa a todos los imputados

A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial mediante licitaciones con "múltiples irregularidades" destinadas al favorecimiento de Lázaro Báez. El juicio ya tenía que haber empezado el 26 de febrero, aunque se postergó al 21 de mayo por problemas de salud de uno de los jueces que integraban el tribunal, que finalmente falleció en marzo.

La causa guarda semejanzas con otras que afectan también a CFK y Báez, y en las que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habría recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios. Cristina niega los cargos que se le imputan y reitera que es víctima de una persecución política impulsada por Macri, quien a su juicio busca tapar la crisis económica del país.

200 mil firmas para reclamar por el juicio

Una petición lanzada a través de la plataforma Change.org reunió en menos de 24 horas 220.000 firmas en reclamo del inicio, el próximo martes, del juicio oral que se le seguirá a Cristina Kirchner por supuestos hechos de corrupción en el manejo de la obra pública de Santa Cruz. "Que la Justicia no evite el juicio oral y público del 21 de mayo a Cristina Kirchner", plantea el reclamo motorizado el miércoles, a las 15, por una persona identificada como Paula Alonso, que ayer por la mañana ya reunía el respaldo de 221.264 firmas. El reclamo es dirigido a la Corte.