Buenos Aires, 22 de agosto.- Al mismo tiempo que era allanada en San Clemente del Tuyú la sede municipal del Partido de la Costa, el concejal Marcos Alfredo García pidió que se amplíe la investigación en la causa en la que están imputados el vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex intendente Juan de Jesús, quienes están acusados de violación de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, cohecho, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y tráfico de influencias.
Los hechos denunciados se remontan al 2005, cuando la empresa "Cantera SA" ganó cinco licitaciones simultáneas en el Partido de la Costa para construir 486 casas y dos escuelas por 20.799.600 de pesos financiados por el "Plan Federal de Viviendas" y otros 4 millones de pesos aportados por el Municipio. De Jesús y Boudou, entonces secretario de Hacienda local, suscribieron el contrato con Daniel Terrada, la cara visible de la compañía, que supuestamente cobró por las obras, pero no las terminó. García está convencido que el vicepresidente era el verdadero dueño de la firma.
Según el concejal, ocho meses después de las licitaciones, la empresa alcanzó a percibir el 96% del presupuesto ya que presentó certificados de obra finalizada firmados por el Director de Planeamiento municipal. Pero apenas dos días después de cobrar, la empresa convocó a concurso preventivo, en un expediente donde finalmente le dictaron la quiebra. Y las obras, en realidad, no habían sido terminadas.
"En el momento de finalizar el cobro hubo trabajadores que denunciaron abandono por parte de la empresa de las obras y la no remuneración. Ante el conflicto social la municipalidad pagó en negro salarios caídos que debía haber abonado Cantera", advirtió García en la declaración a la que tuvo acceso Infobae.
El concejal aportó otros dos datos sugestivos. Primero: Tarreda renunció unos días antes del cobro. Segundo: "Hubo cheques emitidos del Banco Provincia firmados por De Jesús y Boudou que no se encontraban cruzados".
Hay más: el concejal asegura que en 2007 "con la firma de De Jesús se rescindió el contrato de Cantera", pero no se iniciaron las "acciones civiles y penales ante el incumplimiento de la empresa". Es decir, no se denunció por estafa a la empresa ni se trató de cobrar la garantía, quizás porque habría quedado expuesto que se aceptó como aval para una obra millonaria dos terrenos en el partido de Zárate valuados en 11 mil pesos cada uno.
La historia no termina ahí. El siguiente hecho que le llamó la atención a García ocurrió en 2013, cuando el Banco Hipotecario demandó al Partido de la Costa por el corbo de créditos cedidos por Cantera para las obras que nunca se hicieron. No está claro aún cómo la entidad se hizo acreedor de esa deuda. Y ahí surge otro dato sugestivo aportado por el concejal: Tarrida, la cara de la empresa quebrada, "ahora aparece como gestor de negocios" de la entidad.
En junio de este año, el Concejo Deliberante local convocó a una sesión especial para aprobar un acuerdo con el Banco Hipotecario por esa denuncia, cuyo expediente todavía está abierto. Es decir, se pretendía homologar un convenio sin sentencia judicial adversa y pese a que en la contestación de demanda el abogado del Municipio aseguró que ya se pagó una vez por las obras y que no se ejecutaron.
Pero eso podría no ser todo. "Hay en discusión una construcción de cinco o seis establecimientos educativos más que podrían haber tramitado en expedientes paralelos y de las que hoy no hay noticias", aclaró García.
La declaración terminó con una petición. "Ante la posibilidad de un mismo modus operandi que el denunciado, solicitamos que se investigue el destino de las fondos de los últimos siete años que vinculan al Gobierno nacional con la municipalidad de la costa", señaló. Y puso como ejemplo "lo destinado por el Ministerio de Planificación para obras de cloaca y gas, que aún hoy no han sido construidas en su totalidad".
Juan Manuel Molina, director de Vivienda local, salió al cruce de la denuncia. En diálogo con Infobae, intentó despegar a Boudou de la acusación y aseguró que se trató de un proceso "transparente", por lo que estimó que la investigación no conducirá a nada.
Tras remarcar que las autoridades municipalidades brindaron a las fuerzas de seguridad la información que requerían, el funcionario dijo que "lo único que hizo" Boudou fue "abonar el anticipo de esa licitación a la empresa Cantera" en 2005, por 900 mil pesos. "Es la única situación en la que participó", dijo.
Molina denunció que, al apuntar al vicepresidente, el concejal "intenta tomar relevancia nacional". Y lanzó: "Es un personaje nefasto, un delincuente que estuvo detenido por encubrimiento agravado en robo de automotores, tienen denuncias por amenazas y violencia de género, y está haciendo tareas comunitarias por un delito de destrucción de documentos públicos y abuso de autoridad". Por eso, no dudó en vincular la denuncia a "una cuestión política".
Por otro lado, "desmintió" varios puntos de la denuncia. Dijo que fue un total de 15 millones de pesos los que se pagaron por la ejecución y que las escuelas mencionadas no eran parte de la licitación.
En cuanto a las viviendas, precisó que hay 220 que se terminaron y hoy están habitadas; 132 que en el período investigado registraron avances de entre 20% y 90%, y otras 134 que no llegaron a empezarse porque De Jesús rescindió el contrato al advertir irregularidades.
Molina se manifestó "indignado por tener que salir a explicar cuestiones tan transparentes" y "lamentó" que esta denuncia "haga perder el tiempo al juez, ya que la investigación no va a llegar a nada".