Al filo de la feria judicial, el juez federal Julián Ercolini procesó ayer sin prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández como presunta coautora de ‘asociación ilícita‘ y ‘administración fraudulenta‘ en la causa sobre direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, y ordenó un embargo récord sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos, equivalente a 650 millones de dólares. 

La resolución también indica como supuestos coautores al exministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional Julio De Vido, y a los detenidos José López, exsecretario de Obras Públicas, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA.


 

Cinco falta de mérito

Además de los 12 procesamientos dictados en esta causa que investiga la obra pública en la era K, el juez Ercolini resolvió dictar la falta de mérito para el exsubsecretario kirchnerista de Obras Públicas Abel Fatala, Ernesto Eduardo Morilla, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez y Hugo Manuel Rodríguez.


 



Para todos ellos el magistrado también dispuso embargos por 10 mil millones de pesos. 

El juez procesó también como supuestos coautores de los mismos delitos a Carlos Santiago Kirchner -primo del extinto expresidente Néstor Kirchner-; Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. 


Un plan orquestado


Para el juez la asociación ilícita ‘se fue gestando desde mayo de 2003, con miembros que no sólo se conocían sino que mantenían vínculos de estrecha confianza, sea por haber formado parte de los órganos de gobierno de la provincia de Santa Cruz o por haber formado parte de la función pública en la intendencia de Río Gallegos, donde el matrimonio Kirchner tenía pleno dominio de la situación‘.

‘Todos ellos fueron designados a partir de su formación en lugares claves para poder cumplir con los designios‘ de la asociación, indicó, y advirtió que los imputados ‘ocuparon cargos vitales en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, no sólo en la cúpula del mismo, sino en la Secretaría de Obra Pública, en la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y en la DNV‘ (Dirección Nacional de Vialidad). 

 

 

 



También remarcó que ‘los funcionarios públicos imputados se conocían entre sí y alguno de ellos, si bien no se ha demostrado que conozcan personalmente a Báez, sabían de su existencia, de su rol y participación en la asociación‘. Y puso de relevancia que ‘todos conocían el pacto que los unía, y de ello da fe la vasta prueba colectada en el sumario‘. 


Licitaciones direccionadas
 

En cuanto al segundo delito, sostuvo que Fernández ‘habría omitido su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en su función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país con el fin de beneficiar indebidamente al amigo personal de su fallecido esposo y su socio comercial‘.
 

En ese sentido, Ercolini hizo hincapié en que ‘reviste importancia a los fines valorativos desarrollar la estrecha relación personal y comercial‘ entre el titular de Austral Construcciones y la familia Kirchner dado que el empresario era ‘el último y real destinatario‘ de las maniobras.

Puntualmente respecto a la expresidenta sostuvo que ‘se advierte una intervención que a la luz del estudio integral y objetivo de los elementos de cargo reunidos, no son simples decisiones políticas, sino que son determinaciones con miras a lograr el ilícito cometido‘.

Por ejemplo, Ercolini dijo que la exmandataria ‘habría efectuado el direccionamiento‘ en las licitaciones de obras públicas ‘mediante la firma de las leyes de presupuesto nacional‘ durante ‘los dos períodos‘ en que ocupó la Presidencia de la Nación de 2007 a 2015. 

Fernández y los otros acusados ‘habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que en función de las atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional, leyes y decretos, respectivamente, se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez‘, insistió el juez. 

En conclusión, Ercolini resolvió que ‘encuentro en condiciones de tener por acreditada, con la suficiencia que esta etapa procesal requiere, la materialidad de sus actos como así también de desacreditar cada uno de los postulados defensivos por ella volcados‘ en la indagatoria.

Asimismo, el magistrado dispuso ‘librar oficio al Banco Central a efectos de hacerle saber que deberá arbitrar los medios necesarios a fin que se proceda a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre los aquí procesados, con excepción de las cuentas tipo sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o pensiones‘.

 

 

Qué dijo CFK de obra pública


Cristina Fernández, que ya estaba procesada en la causa denominada ‘dólar futuro‘, concurrió el 31 de octubre pasado a declaración indagatoria y aseguró que no es ‘amiga ni socia comercial‘ de Báez y descartó haber direccionado licitaciones a favor del empresario. 

Denunció que su situación judicial es una ‘persecución política‘ y recordó que la figura penal de asociación ilícita ‘fue muy usada en las dictadura para perseguir a los opositores‘. Sin contestar preguntas, Fernández manifestó que en todos los gobiernos se pone ‘gente de confianza‘, pero consideró ‘ridícula y sesgada‘ la acusación en su contra y afirmó: ‘No soy amiga ni socia comercial de Lázaro Báez‘.

También dijo que no tenía ‘ni idea‘ de esos contratos y aseguró que de la obra pública ‘se encargaba el Parlamento‘ e insistió en solicitar que se realice ‘una auditoría completa sobre todos los contratos de adjudicación de obra pública en sus dos gobiernos‘. 


 

La réplica de ayer en redes sociales
 

Tras el procesamiento, Cristina lanzó una serie de críticas contra el Gobierno y el juez Ercolini en las redes sociales, donde enfatiza que ‘la asociación ilícita fue una figura creada por las dictaduras para perseguir a dirigentes opositores’. CFK describió un panorama de coyuntura en el que se conjugan las inundaciones de Pergamino; la salida del ministro Prat Gay de Hacienda y la situación del Poder Judicial.

‘Lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien. Por eso Macri está de vacaciones hasta el año que viene’. ‘En Pergamino tapada por el agua de la inundación se ponen pecheras, pero no para ayudar sino para reprimir’.

‘En Argentina pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia’, sostuvo y disparó contra el juez porque ‘sobreseyó a Magnetto, a la viuda de Noble y a Bartolomé Mitre en la causa de lesa humanidad por Papel Prensa, sin siquiera citarlos a declarar’.

 

Embargo a la medida de la ONU



El juez Julián Ercolini justificó los elevadisimos embargos por un total de $75.000 millones, que trabó a los doce procesados por el desvío de obra pública a Lázaro Baéz, en las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con vigencia en el país.

‘En consonancia con el orden jurídico internacional‘, el juez dispuso que tanto Cristina Fernandez como el exministro Julio De Vido, su exsecretario de Obra Pública, José López, el exdirector de Vialidad, Nelson Pierotti, el excoordinador ministerial Carlos Santiago Kirchner y Báez fueran embargados hasta cubrir un monto de 10.000 millones de pesos cada uno, un equivalente a unos 635 millones de dólares a la cotización actual.

A su vez, otros seis funcionarios provinciales y de vialidad procesados son Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes fueron embargados por $2.500 millones cada uno. Basándose en cifras de la auditoría que Vialidad Nacional realizó en abril de este año, Ercolini sostuvo que el monto de los ‘contratos actualizados‘ de las 52 obras adjudicadas al grupo Báez ascendió a 46.230.902.061,62 pesos.


 

Un ‘rapipago’ para Báez
 

El juez detalló una docena de presuntos beneficios a Báez, sobre todo si las construcciones se realizaban en Santa Cruz y hasta mencionó una Resolución que nunca se dio a conocer, pero que las empresas del Grupo utilizaba para conseguir el anticipo de fondos.

‘De un total de 88 obras llevadas a cabo en esa jurisdicción en el período 2004-2015, 52 se contrataron con empresas relacionadas con Báez que, recordemos, devino en empresario de la construcción en el año 2003‘, dice el magistrado.

Entre las anomalías relatadas, señala que una Resolución tomada por el Administrador General de la DNV ‘creó un modelo de convenio de carácter general, para que, en los casos en los que las empresas padecieran situaciones ajenas a la repartición, como ser de fuerza mayor, se pudiera anticipar el pago de certificados de obras‘.