El juicio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en favor de Lázaro Báez, se reanudará el lunes 4 de noviembre próximo, después de las elecciones nacionales.

Las audiencias del juicio a la senadora recién se reanudarán tras los comicios, cuando ya pueda estar sentada en el banquillo como vicepresidenta electa, en el caso de que triunfe el Frente de Todos el 27 de octubre.

La nueva fecha de reanudación la fijó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. En principio es porque tiene sobrecargada la agenda, informaron desde la Justicia. El próximo lunes 14 no habrá audiencia por ser día no laborable. Para el 21 de octubre uno de los integrantes del TOF 2 había pedido licencia y el 28 tampoco habrá audiencias porque ese día el Tribunal fijó el inicio de otro juicio oral en una causa con detenidos a quienes se les está por vencer la prisión preventiva.

Las audiencias, entonces, se reanudarán el 4 de noviembre con indagatorias a los acusados. Ese día deberá dar explicaciones el exministro de Planificación Julio De Vido. El exsecretario de Obras Públicas, José López, se negó a declarar al igual que Carlos Kirchner, que ya fue liberado.

El listado de indagatorias ubica a Cristina última en el listado. Con los plazos postergados de las audiencias, seguramente su testimonio quedará recién para el próximo año.

La postergación del juicio oral, el primero que enfrenta la expresidenta en un caso de corrupción, se da justo en medio de un clima de reacomodamiento judicial tras el resultado de las elecciones primarias en las que el candidato presidencial K, Alberto Fernández, se impuso sobre el presidente Mauricio Macri.

El expediente investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz. Con su empresa Austral Construcciones fue el principal constructor. Según el dictamen acusador, la firma lograba cobrar con mayor rapidez los contratos incluso cuando las obras no se terminaban.

A la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se la procesó por ser "jefa de una asociación ilícita" junto con otros funcionarios que tenían a su cargo el presupuesto, otorgamiento y control sobre la obra pública vial.

Durante la instrucción, a cargo del juez Julián Ercolini, se determinó que el grupo Austral de Báez fue beneficiado con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K.

La acusación sostiene que se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner".

A los expresidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado. La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron Néstor y Cristina Kirchner, para utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".