El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, resolvió agravar los cargos contra la influencer santiagueña Valentina Olguín, en el marco de una investigación que la señala por haber utilizado los CUIT de cinco gobernadores argentinos para realizar compras en el exterior, principalmente en la tienda estadounidense Revolve. Entre ellos está el sanjuanino Marcelo Orrego.
La joven, que ya había sido indagada en abril pasado, deberá presentarse nuevamente en Tucumán el 4 de noviembre próximo, junto con su defensa, para responder a la nueva imputación por “contrabando simulado en concurso real”, delito que contempla penas más severas. Según trascendió, el fiscal prohibió expresamente que Olguín abandone el país, hasta tanto se defina su situación judicial.
Una maniobra de alcance nacional
La investigación se originó el 28 de octubre de 2024, cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunció que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en Estados Unidos. Los productos ingresaron al país mediante el régimen Courier a través de la empresa FedEx, siendo entregados en un domicilio particular del barrio Núñez, Buenos Aires, vinculado a la influencer.
Las pesquisas determinaron que entre septiembre y octubre de 2024, Olguín habría utilizado los datos de Jaldo, Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan) para adquirir mercadería en 16 operaciones distintas.
Allanamiento y pruebas
El 12 de diciembre de 2024, el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal allanó el domicilio de Olguín en Núñez. Durante el operativo, se secuestraron U$S 16.646, un iPhone 15 Pro, una computadora, cámaras digitales, facturas de FedEx y varias bolsas con prendas de la marca “Revolve”.
Estas pruebas fueron claves para que el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, dictara en mayo el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada y ordenara un embargo de $5 millones sobre sus bienes.
Díaz Vélez además declaró su incompetencia parcial para los casos vinculados a otras provincias, pero Tucumán ratificó su jurisdicción al haber sido el primer distrito en detectar el delito.
Probation rechazada y posible juicio oral
La defensa de Olguín había solicitado una “probation” —suspensión del juicio a prueba—, proponiendo realizar tareas comunitarias en Tucumán y ofrecer disculpas públicas al gobernador Jaldo. Sin embargo, el fiscal Chit rechazó el pedido, al considerar la gravedad de los hechos y la multiplicidad de delitos.
De esta manera, la causa podría avanzar hacia un juicio oral unificado, que concentre los delitos cometidos en las cinco provincias. El agravamiento de la imputación bajo la figura de “contrabando por simulación en concurso real” implica que cada hecho se tratará como un delito independiente, con sanciones acumulativas.
Por el momento, Valentina Olguín deberá permanecer en el país y comparecer ante la Justicia el 4 de noviembre, mientras Tucumán se erige como sede central del proceso que la enfrenta a una de las causas más inusuales de los últimos tiempos, donde una influencer provincial terminó enredada en un esquema de defraudación a mandatarios de cinco distritos argentinos.