La causa que investiga la contratación de cursos de inglés por parte de la Cancillería sumó un nuevo capítulo. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, presentaron este jueves 19 de febrero una ampliación de denuncia en el expediente CFP 631/2026, vinculada al acuerdo con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger.
Según la presentación, los nuevos hechos incorporados a la causa surgieron de una investigación periodística publicada por la Agencia Noticias Argentinas y, a criterio de los denunciantes, “abonan la hipótesis” de posibles delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles.
Los cuatro puntos incorporados
El primer planteo apunta a un presunto incumplimiento en la publicación web del expediente por parte de la Cancillería. Si bien el Decreto 202/2017 exige que los casos sean publicados tanto en la web de la Oficina Anticorrupción como en la del organismo contratante, los denunciantes señalaron que el enlace público “solo dejaba ver” documentación hasta el expediente #0043. Sin embargo, en el sistema estatal GDE ya figuraban dos actuaciones posteriores —#0044 (“Comunicación OA–SIGEN”) y #0045 (“Para la firma del Pacto de Integridad”)— que no estaban visibles.
El segundo punto cuestiona la cantidad de agentes alcanzados por el contrato. Según el escrito, durante 2025 habrían cursado solo 10 agentes, mientras que el nuevo esquema para 2026 eleva el cupo a 132, con un cálculo de costo por alumno que podría incrementarse si no se completa la matrícula prevista.
El tercer eje de la ampliación se centra en lo que describieron como un posible falseamiento de antecedente utilizado como argumento de “especialidad”. De acuerdo con la denuncia, la AACI se habría presentado como el “único Centro Platino” para exámenes Cambridge en la Ciudad de Buenos Aires que dicta cursos de preparación, aunque los denunciantes sostienen que existirían otros centros con estatus “Platinum”, condición que —afirman— debería ser verificada.
Finalmente, el cuarto planteo cuestiona la publicación en el buscador de “Casos informados” de la Oficina Anticorrupción. Señalaron que el 15 de febrero de 2026 no figuraba publicada allí la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25, y que recién el 18 de febrero habría sido incorporada. Por ese motivo, solicitaron una pericia técnica para determinar la fecha real de carga.
El encuadre penal
En el apartado jurídico, los denunciantes sostuvieron que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 248 del Código Penal (incumplimiento de deberes de funcionario público) y, eventualmente, en el artículo 265, vinculado a negociaciones incompatibles con la función pública. En ese sentido, señalaron que las irregularidades podrían evidenciar “algún grado de favoritismo” y la posibilidad de que el ministro hubiera ejercido influencias indebidas.
La investigación judicial continúa en trámite y ahora deberá analizar los nuevos elementos incorporados a la causa.