La fiscalía federal solicitó avanzar con el decomiso de nuevos bienes y dinero en el marco de la causa Vialidad para cumplir con la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez. El planteo fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar el decomiso por $684.990.350.139,86.
El fiscal Diego Luciani pidió incluir en la ejecución el decomiso de USD 4.664.000, USD 992.134 y $53.280,24 que figuran a nombre de Florencia Kirchner, hija de la ex mandataria. Según el dictamen, la primera suma se encuentra en una caja de seguridad bancaria y la segunda en una cuenta bancaria, ambos fondos ya embargados.
Además, la fiscalía reclamó el decomiso del departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario tras haber sido condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. El inmueble fue adquirido por la sociedad Los Sauces SA en 2015, según consta en la presentación.
En total, el nuevo pedido incluye 141 inmuebles (13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez) y 46 automotores, que se suman a otros bienes ya alcanzados por la sentencia.
Respecto de Cristina Kirchner, el Ministerio Público solicitó el decomiso de 10 inmuebles –3 en CABA y 7 en Santa Cruz– pertenecientes a Los Sauces SA, y 3 inmuebles en Santa Cruz de Hotesur SA. También pidió decomisar el hotel La Aldea, propiedad de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, y dos departamentos y siete cocheras en Puerto Madero, uno de ellos un dúplex de más de 600 metros cuadrados.
Los fiscales señalaron que estas propiedades están ubicadas en el complejo Madero Center, “el mismo edificio donde funcionaba la financiera SGI, conocida como ‘La Rosadita’”, donde se realizaron maniobras de lavado de dinero por las cuales fue condenado Báez.
En cuanto al empresario, la fiscalía reclamó el decomiso de 81 propiedades en Santa Cruz, 3 en la provincia de Buenos Aires y 3 en Tierra del Fuego, a nombre de la firma Badial SA, en la que Báez posee el 95% de participación accionaria, además de otros inmuebles y automotores.
En el dictamen, los fiscales advirtieron que “todavía no han depositado ni un solo peso” pese a que el plazo para hacerlo venció hace meses. También señalaron que los condenados “han echado mano de todo tipo de artilugios procesales” que, según sostienen, han demorado el recupero de los activos ordenado por sentencia firme.
Una primera tanda de 111 bienes ya decomisados por el TOF 2 fue apelada por las defensas ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver sobre esa impugnación.
En la presentación, el Ministerio Público sostuvo que existe una “vinculación razonable entre el incremento patrimonial de las sociedades y el delito fuente”, además de una “concomitancia temporal evidente” entre la constitución de Los Sauces SA (2006) y la adquisición de Hotesur SA (2008) con la interconexión económica que, según la acusación, se estableció con las empresas de Lázaro Báez.
La causa Vialidad investigó el direccionamiento del 80% de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez durante 12 años. La ejecución del decomiso busca ahora recuperar para el Estado los activos vinculados a esos hechos de corrupción.