En medio del conflicto por el presupuesto educativo, el Gobierno nacional enviará al Congreso una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con la intención de que sea incorporada al temario de sesiones extraordinarias.
La decisión se conoce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la ley vigente, la cual establece la actualización de salarios docentes y partidas presupuestarias para las universidades públicas.
En los últimos días, funcionarios del presidente Javier Milei iniciaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en un nuevo esquema que, según fuentes oficiales, busque “garantizar viabilidad fiscal” y, al mismo tiempo, dar respuesta a los reclamos históricos del sector.
Desde el Ejecutivo aclararon que la iniciativa no apunta a derogar la norma actual, sino a modificar el esquema financiero vigente, por lo que será clave construir consensos políticos en el Congreso para lograr su aprobación.
El decreto para incorporar el proyecto al temario de extraordinarias se firmaría en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial el lunes, junto con la formalización de la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero.
La estrategia oficial busca resolver dos frentes en simultáneo: por un lado, ordenar la discusión presupuestaria y, por otro, desactivar los planteos judiciales y legales abiertos, evitando posibles sanciones.
En ese marco, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del CIN para pulir los detalles técnicos del proyecto.
Cabe recordar que la actual Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en 2024 por ambas cámaras, luego vetada por el Presidente y finalmente ratificada por el Congreso. Esa es la norma que ahora el Gobierno pretende reemplazar con un nuevo texto.
El debate se da en un contexto de fuerte discusión política, tras la reciente aprobación de la reforma laboral en el Senado y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil.