El sable corvo del General José de San Martín, símbolo máximo de la libertad sudamericana, vuelve a estar en el centro de una fuerte disputa política y legal. A través del Decreto 81/2026, el presidente Javier Milei dispuso el traslado de la histórica pieza desde el Museo Histórico Nacional (MHN) hacia la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo (CABA).
La medida del Ejecutivo busca, según los considerandos de la norma, “restituir el contexto histórico propio” del arma y garantizar su seguridad. El Gobierno argumentó que el regimiento, fundado por el propio Libertador, es el lugar natural para su preservación, recordando incluso los dos robos sufridos por la pieza en la década de 1960 mientras se encontraba en el museo.
Según publicó La Nación, “esos episodios derivaron en la decisión adoptada en 1967 de encomendar su custodia definitiva al Regimiento de Granaderos a Caballo. Décadas más tarde, se dispuso su traslado al Museo para su exhibición pública, aunque se mantuvo la custodia a cargo del mismo regimiento. Esa disposición es la que ahora queda sin efecto”.
Para la gestión de Milei, este movimiento no es un simple cambio de vitrina, sino un acto soberano para “honrar la historia nacional y reafirmar la libertad como principio rector”.
La entrega oficial está prevista para este sábado.
Decreto y renuncia
La decisión presidencial no tardó en generar réplicas dentro de las instituciones culturales. Tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, se confirmó la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar.
Su dimisión dejó al descubierto el malestar en el sector que explica que el traslado implica la derogación de normativas previas (como el Decreto 843/2015) que establecían al Museo como el lugar de exhibición permanente para que el gran público pudiera acceder a la reliquia, alejándola de su carácter de “bien público accesible”.
La resistencia de los herederos
El frente más complejo para el Gobierno se abrió en los tribunales. Los descendientes de la familia Terrero -herederos legales del sable- presentaron una medida cautelar de “prohibición de innovar” ante la Justicia Federal para frenar el traslado.
Según explicaron, tras la muerte de San Martín, el sable fue legado a Juan Manuel de Rosas y, posteriormente, llegó a manos de Juan Nepomuceno Terrero. Fue en 1896 cuando Máximo Terrero y Manuela Rosas decidieron donarlo al Estado argentino a pedido de Adolfo Carranza, fundador del Museo Histórico Nacional.
Los herederos sostienen que la donación se hizo bajo la condición expresa de que la pieza permaneciera en el museo. “Una decisión administrativa no puede alterar las condiciones bajo las cuales el objeto fue incorporado al acervo público”, argumentan en el escrito judicial. Además, denuncian que se ha infringido la ley de protección de bienes históricos al no consultarse con los propietarios legales sobre el cambio de custodia.