Veinticuatro horas después que Diputados rechazara el veto a la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno volvió a acumular una seguidilla de derrotas legislativas, esta vez en la Cámara alta. La oposición en el Senado convirtió en ley anoche el financiamiento universitario y de disponía a darle el mismo destino al proyecto de emergencia para el Hospital Garrahan.
Previamente, el Senado rechazó cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el gobierno del presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA.
El proyecto que garantiza fondos para las universidades nacionales fue aprobado por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei.
La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI.
También otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor, entre otros.
Con la caída de los decretos y el DNU de Milei dejó sin efecto la modificación de un puñado de organismos de Estado ya que tenían el rechazo de la Cámara de Diputados. El decreto delegado por el cual Milei se proponía disolver Vialidad Nacional fue uno de los puntos de mayor encuentro entre los representantes provinciales.
También disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.
Otra de las facultades del decreto rechazado era que buscaba convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, en un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.
Por su parte, con los decretos que buscaban transformar el INTA y el INTI, el Gobierno proponía quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados. También se frenó la desregulación de la Marina Mercante.
> El reparto de ATN ya es ley ¿habrá veto?
En la maratónica sesión especial que arrancó el miércoles y terminó en la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de ley impulsado por los gobernadores para repartir, de manera automática y diaria el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una caja millonaria cuyo reparto entre las provincias monopoliza el Poder Ejecutivo.
La iniciativa se aprobó con 143 votos positivos, mientras que 90 diputados votaron por la negativa. Otros 12 legisladores se abstuvieron. Un número contundente pero que no alcanza los dos tercios de los votos, un dato clave si el presidente Javier Milei decide vetar la ley.
La iniciativa de los gobernadores apunta a una caja millonaria: este año los ATN recaudarían cerca de $1 billón. Hoy la Nación concentra la mayor parte y solo gira a discreción una fracción mínima.
La ley aprobada, en cambio, elimina la discrecionalidad política en la distribución de los ATN al plantear un mecanismo automático de reparto acorde a la ley de coparticipación donde la provincia de Buenos Aires resultará la más beneficiada. Establece que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. Serían millones de pesos adicionales que recibirían diariamente todos los gobernadores mientras que la Nación solo retendrá un porcentaje, no el total.
Según cálculos de los gobernadores, el costo fiscal equivale apenas al 0,03% del PBI ($253.000 millones). Pero remarcan que no es un gasto extra: “Son recursos que ya les pertenecen a las provincias”.