Justicia avanzó un paso más ayer en la causa penal por el presunto pago de coimas que salpica a la cúpula de poder del Gobierno nacional con el hallazgo de 80 mil dólares sin declarar en una caja de seguridad del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo.
Fue tras una nueva serie de allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal Franco Picardi, en los que se buscaron ingresos y egresos de los barrios privados en los que residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker -dueños de la droguería Suizo Argentina- y Diego Spagnuolo. El fiscal también había solicitado información sobre una caja de seguridad Spagnuolo donde hallaron 80.000 dólares.
Y además, en medio de todo eso, renunciaron los abogados defensores del exfuncionario libertario, Juan Aráoz De Lamadrid y Ignacio Rama Schultze, aduciendo “motivos personales”.
A su vez, el juez federal Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de la Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.
Picardi trabaja sobre una hipótesis central: la presunta existencia de una ruta de sobornos que involucraría a funcionarios del gobierno nacional y a la compañía que a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.
Durante la noche del jueves, el consultor Fernando Cerimedo realizó una declaración testimonial ante el representante del Ministerio Público Fiscal. En primer lugar, negó haber sido él quien grabó y filtró las conversaciones con Spagnuolo.
Cerimedo le dijo al fiscal que en diversas ocasiones, Spagnuolo “había hablada de hechos de corrupción, de posibles coimas”. En sede judicial indicaron: “Confirmó con sus dichos el esquema de corrupción. Confirmó que le dijo lo mismo que se escuchó en los audios”.
Después de esa declaración testimonial, la justicia profundizó la investigación y pidió en la sede del Banco BBVA que se le proporcione toda la información vinculada a Diego Spagnuolo: así se dio con una caja de seguridad en la que se habrían hallado 80.000 dólares.
Todo aquello vinculado al movimiento de dinero es importante para la investigación. La fiscalía continúa esperando el envío de la documentación después del levantamiento fiscal y bancario ordenado por el juez Casanello, vinculado a Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, y Diego Spagnuolo. Ayer, los efectivos de la Policía de la Ciudad también se dirigieron a los barrios privados en los que residen los Kovalivker y los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini. Allí se exigieron los ingresos y egresos desde comienzos de 2024.
La denuncia que dio origen al expediente se sustentó en los audios tomaron estado público y apunta contra Javier Milei, Karina Milei; Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y los Kovalivker.
El texto judicializado sostiene que “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública”.
En los allanamientos del viernes pasada, Picardi ordenó que se secuestren mails y toda la documentación sobre vínculos comerciales. Esto tiene que ver con un pedido puntual de retirar de la Agencia y de la droguería “más expedientes de compra de medicamentos”, como explicaron fuentes judiciales.
> ¿La primera prueba del 3 por ciento?
El periodista Mauro Federico reveló un dato explosivo que podría complicar aún más la situación del Gobierno, al asegurar que “apareció por primera vez en un contrato el pago de gastos por adelantado del 3%”. Esta afirmación surge luego de su declaración en la causa por presunto espionaje ilegal iniciada por la ministra Patricia Bullrich, donde fue denunciado junto a Jorge Rial. La revelación apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se suma a las investigaciones por la droguería Suizo Argentina.
Federico hizo referencia a la declaración de Fernando Cerimedo, asesor libertario, quien ratificó los dichos de Diego Spagnuolo sobre coimas. Una fuente de la fiscalía le comentó a Federico que “Cerimedo aportó la pieza que faltaba para terminar de cerrar una parte de la investigación, que sigue”.
La revelación de Federico se centra en el escándalo de los pañales del PAMI y la empresa Urbano Express SA, a la que se vincularía con los Menem.
“La empresa que está en la mira es la misma de los pañales con otro organismo público, porque la licitación estuvo armada y direccionada para que la gane esa empresa”, afirmó Federico. Se refiere a la licitación pública de abril pasado, por la cual Urbano Express SA fue adjudicada el 7 de mayo con un contrato de $466.554 millones. “Como Urbano Express no tienen pañales compraban a empresas que aparecen objetadas por el PAMI y otros organismosà direccionaban la operación para que la ganara esta empresa”, contó Federico. Y agregó el dato clave: “aparece por primera vez en un contrato el pago adelantado para ‘gastos’ del 3%”.