El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan formalizó la investigación penal contra nueve personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la falsificación de documentos de identidad, entre ellas la directora del Registro Civil de Pocito, identificada como N.L.C., quien permanece bajo prisión preventiva.
Según detalló el fiscal Fernando Alcaraz, la organización operó desde al menos agosto de 2024 hasta mediados de este año, valiéndose de un esquema que incorporaba datos biométricos falsos (fotografías y huellas digitales) en trámites de solicitud de DNI. Aunque el documento emitido era materialmente auténtico, contenía una identidad apócrifa.
Estas identidades eran utilizadas para solicitar créditos y adquirir bienes, como electrodomésticos y vehículos, que luego eran revendidos, generando un perjuicio económico total estimado en más de 156 millones de pesos.
La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima en Buenos Aires, quien detectó que se había utilizado un DNI con sus datos reales, pero con una imagen y huellas digitales ajenas. Las diligencias condujeron rápidamente al Registro Civil de Pocito, desde donde surgieron evidencias clave que implicaron a personal del organismo en la emisión irregular de los documentos.
Las autoridades determinaron que la organización tenía una estructura jerárquica, en la que distintos miembros asumían roles específicos: captadores de personas para prestar sus datos biométricos, tramitadores del DNI, gestores de compras con identidad falsa y encargados de la comercialización de los bienes.
La gravedad institucional del caso generó además la intervención del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que realizó una auditoría interna y detectó 22 casos adicionales de intentos de falsificación documental vinculados al mismo esquema. Cuatro de esos casos habrían sido consumados y 18 quedaron en grado de tentativa.
Así fue que en la audiencia de formalización que se desarrolló los días 24 y 25 de septiembre ante el juez Leopoldo Rago Gallo, el magistrado accedió a la solicitud del Ministerio Público Fiscal para ampliar las imputaciones, incorporar estos 22 nuevos hechos y mantener la prisión preventiva de la directora del Registro Civil pocitano.
Además, se dictó la prisión preventiva para dos hombres, mientras que otros cinco imputados —cuatro mujeres y un hombre— quedaron en libertad con restricciones por haber intentado iniciar el trámite fraudulento del DNI sin éxito. Un séptimo imputado, con antecedentes por tráfico de estupefacientes, quedó en libertad bajo caución real, mientras que otro se fugó tras la audiencia, tras dictarse su orden de detención.
A los implicados se les imputan delitos como falsificación de documentos públicos, asociación ilícita, estafa y violaciones a la Ley N.º 17.671, que regula el sistema nacional de identificación.