Dos días antes que se debata el Diputados la suerte de los vetos de Javier Milei a un puñado de leyes que ponen en riesgo el déficit cero, la Justicia le propinó ayer un duro golpe al rechazo del Presidente a la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, una de las iniciativas de la oposición aprobadas por el Congreso que no pasaron el filtro del Ejecutivo que no la convalidó.
El juez federal de Campaña, Adrián González Charvay, declaró la invalidez del veto presidencial a la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La resolución fue dictada en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad, y si bien el fallo anula el veto presidencial, la medida aplica únicamente al caso concreto de los demandantes y no tiene alcance general. Es decir, que sus efectos se limitan a este caso en particular, de todos modos, sí establece un importante precedente judicial.
Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.
La resolución judicial responde a una demanda iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y tiene efectos directos sobre las prestaciones que reciben dos menores de edad involucrados en la causa.
La Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por dos personas, cuyas iniciales son O.G.J. y D.R.N. El fallo ordena que se comunique a la obra social de dos menores (B.N. e Y.N.) para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos.
El juez impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional.
Los hermanos de 11 años padecen “trastornos generalizados del desarrollo” y “trastornos específicos en las habilidades escolares”. Asisten a un centro educativo terapéutico y a un colegio especial, cuyas autoridades habían advertido a las familias que el desfinanciamiento estatal ponía en riesgo su funcionamiento y los dejaba al borde del cierre.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el 10 de julio pasado, estableció un régimen integral con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. Buscaba cumplir con las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional. Entre las medidas fundamentales que introducía la ley, se destacaron: El financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad. El fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901 mediante un régimen de emergencia de regularización tributaria. La implementación expeditiva de compensación arancelaria y actualización del Sistema de Prestaciones Básicas. El financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y programas conexos.
Una compensación de emergencia financiada con recursos del Tesoro Nacional, que debía cubrir la diferencia entre el porcentaje de aumento que percibieron los prestadores y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2024, es decir, que empaten la inflación de ese año.
- Cita clave en Diputados para rechazar los vetos
En medio de un río revuelto por la heridas que dejó la conformación de listas para las elecciones legislativas, la Cámara de Diputados convocó formalmente para mañana miércoles a la sesión especial en la que la oposición se apresta a darle un revés a los vetos de Javier Milei contra jubilados, personas con discapacidad y las leyes impulsadas por los gobernadores.
El debate comenzará al mediodía y para que haya quórum y se concrete la oposición deberá garantizar la asistencia de la mayoría de la Cámara baja, es decir 129 diputados.
La fecha y el horario fue comunicada por el secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagan, al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, uno de los que formalmente había pedido ese trámite.
Junto al bloque del peronismo unificado, los otros que habían participado de la convocatoria fueron Democracia para Siempre, integrado por alineados a Facundo Manes y al senador Martín Lousteau, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Se suma también Encuentro Federal, que durante los últimos días sufrió una sangría producto de la cooptación que el Gobierno hizo de algunos gobernadores que se le habían parado de manos semanas atrás.
Uno de los puntos centrales de la deliberación del cuerpo será el veto de las leyes de emergencia de discapacidad, el aumento para jubilados, la moratoria previsional y la ayuda para Bahía Blanca. Se suman los proyectos impulsados por los gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.
Para que el objetivo de la oposición se cumpla, las leyes deberán ser ratificadas con su sanción original por los dos tercios de la Cámara y luego serán giradas para que se pronuncie el Senado. Si el oficialismo logra juntar un solo tercio, el veto quedará ratificado.