El futuro del sable corvo de José de San Martín, una de las reliquias más significativas de la identidad argentina, ha quedado sellado -al menos de forma inmediata- por una reciente resolución judicial. La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, desestimó la medida interina solicitada por los descendientes de la familia Rosas-Terrero, quienes buscaban impedir el pase de la pieza desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. Con este fallo, el Gobierno nacional queda habilitado para proceder con el traslado según lo estipulado en el decreto 81/2026 firmado por el presidente Javier Milei.
Tal como estaba previsto, mañana sábado, el histórico Campo de la Gloria en San Lorenzo, Santa Fe, será el escenario donde el presidente encabezará el acto oficial por el 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, en el marco del cual se concretará la entrega formal del arma al Regimiento de Granaderos a Caballo.
La controversia se originó cuando los herederos de Máximo Terrero y Manuela Rosas se opusieron a la medida, argumentando que la donación del sable, efectuada a finales del siglo XIX, contenía la voluntad implícita de que el objeto permaneciera bajo custodia civil y cultural de forma permanente. Sin embargo, la magistrada sostuvo que no se ha acreditado la existencia de una obligación jurídica o “cargo” legal vinculante que prohíba al Estado nacional reubicar la reliquia. En su análisis, Marra Giménez subrayó que el sable ya ha tenido diversos destinos a lo largo del tiempo, habiendo pasado décadas en el ámbito militar tras los robos sufridos en los años sesenta, sin que tales movimientos fueran impugnados en su momento.
Otro de los puntos determinantes para el rechazo de la cautelar fue la falta de documentación concluyente que acredite el vínculo genealógico directo entre los demandantes y el brigadier Juan Manuel de Rosas, a quien originalmente le fue cedido por José de San Martín. Al no cumplirse los requisitos legales mínimos para suspender un acto del Poder Ejecutivo -el cual goza de presunción de legitimidad-, la justicia permitió que el cronograma oficial continúe. No obstante, la jueza ordenó que, en un plazo de cinco días, el Regimiento de Granaderos presente un informe detallado sobre las condiciones de seguridad, conservación y los protocolos de exhibición pública para asegurar que el patrimonio no corra peligro.
Para los descendientes y ciertos sectores del ámbito académico, retirar el sable del museo afecta el derecho colectivo de acceso a la cultura, comparando la medida con el hipotético retiro de obras maestras de los grandes museos internacionales.
Mientras la gestión cultural enfrenta renuncias -como la de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, en desacuerdo con esta decisión del ejecutivo- y debates sobre el precedente que esto sienta para futuras donaciones, el sable corvo se prepara para retornar a un entorno militar, dejando atrás una sala que en estos días, tal como señalan medios nacionales, se ha visto desbordada por ciudadanos que se acercaron a ver la espada de la polémica.