Por Rodrigo D. Metola San Nicolás - Abogado
Argentina: la Ley y el Desorden
Existe una idea profundamente arraigada en la política argentina: frente a cada problema la respuesta parece ser sancionar una nueva ley. Un hecho de inseguridad impulsa un proyecto; una crisis económica da lugar a otra regulación; una demanda social desemboca en una norma adicional y así podría seguir horas. Legislar parece presentarse como sinónimo de acción, demostración de compromiso y capacidad de respuesta por parte del Estado.
Sin embargo, la realidad normativa indica que Argentina ha construido un entramado legal demasiado complejo. A las leyes del Congreso se suman decretos, resoluciones ministeriales, disposiciones de organismos, normas provinciales y ordenanzas municipales. Cada nivel del Estado produce nuevas reglas, muchas veces sin revisar las ya existentes. El resultado de esto es un ordenamiento que crece de manera constante, pero no de forma ordenada. Se superponen normas, se generan contradicciones, sobreviven disposiciones sin utilidad y, en casos extremos, conviven regulaciones incompatibles.
El artículo 8 del Código Civil y Comercial establece que nadie puede alegar desconocimiento de la ley para incumplirla. Esto garantiza igualdad, pero a la vez exige que las normas sean claras y accesibles. Cuando las normas se amontonan sin revisión, el ciudadano pierde la posibilidad real de entenderlas y cumplirlas. Entonces el problema no es la falta de legislación, sino el abuso de ello.
El término "inflación" suele asociarse al dinero o a la economía, pero también existe la inflación normativa. Cuando las leyes se multiplican sin estrategia, su valor institucional se deteriora. Cada nueva regulación incorpora excepciones, requisitos y procedimientos que aumentan la complejidad. Así, lo que buscaba brindar seguridad, termina generando incertidumbre.
Un ejemplo reciente de lo que sostengo es el régimen de alquileres. En pocos años, el marco legal cambió reiteradas veces, obligando a propietarios, inquilinos e inmobiliarias a adaptarse una y otra vez. Más allá del contenido de cada reforma, este constante cambio afectó el valor esencial del derecho de la previsibilidad. En criollo: que las personas puedan anticipar con cierta seguridad cuáles serán las consecuencias jurídicas de sus actos.
En muchos países se han desarrollado mecanismos de revisión periódica de las normas vigentes. Se eliminan regulaciones innecesarias, se consolidan textos dispersos y se simplifican procedimientos para facilitar su comprensión. Mi punto no es tener menos Estado o menos leyes, sino que estas sean comprensibles y ordenadas.
Argentina debería avanzar en esa dirección. No medir el éxito legislativo por la cantidad de leyes sancionadas, sino por su calidad. Una buena ley no es la que ocupa más páginas ni la que recibe más titulares. El pueblo no quiere más papel, quiere reglas claras; las leyes argentinas deberían ser una brújula y no un laberinto.