Por Rodrigo D. Metola San Nicolás - Abogado
Ciudadanía en peligro: cuando la justicia deja de ser justicia
Esta columna nace de una conversación con un amigo de la vida, una charla de café sin café, en donde dos jóvenes (de distintas profesiones) pensamos en los peligros a los que la ciudadanía se enfrenta. Nace como una especie de replanteo interno de quien escribe, un abogado de 28 años de edad con más de 5 años de recibido y ejercicio profesional independiente, y con casi 10 años de trabajo en el mundo jurídico. Hablo de lo que sé, de lo que viví y de lo que experimento día a día como abogado y como argentino. Mis saludos para vos, querido Usti. Así:
La ciudadanía es el corazón de la democracia, y como ciudadanos no nos limitamos a votar cada cierta cantidad de años ni a alentar a la selección cuando juega, sino que es algo más profundo. Es la certeza de que nuestros derechos están protegidos por instituciones imparciales y confiables. Sin embargo, hoy esa certeza se encuentra profundamente en crisis. Algunos funcionarios y miembros del poder judicial parecen actuar condicionados por intereses externos y por la falta de idoneidad de quienes ocupan sus cargos claves.
La justicia, en un mundo ideal, debería ser el último resguardo institucional. Pero lo que la sociedad cree es distinto: jueces que responden a presiones partidarias o mediáticas, fiscales que actúan según conveniencias, nombramientos que obedecen más a acuerdos políticos que a méritos profesionales. En este escenario es donde creo que la ciudadanía se pone en peligro, porque pierde confianza en que sus derechos serán defendidos correctamente.
La desconfianza social hacia la justicia es notoria. La población no confía en los tribunales y considera a la justicia como lenta, ineficaz y permeable a intereses ajenos al derecho en su estado puro. El argentino común siente que su voz vale menos que las influencias de quienes manejan el poder, y que su acceso a la justicia depende más de contactos que de argumentos, y esto es gravísimo.
En algunos casos, quienes ocupan cargos decisivos no lo hacen exclusivamente por su idoneidad técnica, sino por su cercanía a determinados sectores políticos o económicos. Cuando la justicia no responde al derecho, sino a intereses externos, la ciudadanía se convierte en una promesa vacía.
Pero ojo, no se debe tapar el sol con un dedo, sino que la salida exige reformas profundas. La selección de magistrados y empleados debe ser transparente y basada en méritos, no en acuerdos políticos; quienes ocupan cargos deben estén preparados para la complejidad de los casos que enfrentan, y sobre todas las cosas: saber profundamente de derecho. Medidas que tiendan a que el ciudadano vuelva a creer en la justicia argentina y en sus operadores.
Así como hay casos negativos a los que me refiero precedentemente, también hay bases buenas y sólidas hoy existentes, sobre las que considero debe cimentarse un nuevo esquema judicial: hay juzgados y operadores del derecho que saben muchísimo y trabajan arduamente para que la justicia verdaderamente sea justicia. A ellos también se los debe reconocer, porque sé que el mundo es un lugar más justo por el hecho de que ellos estén donde están. Quienes me conocen saben de mi reconocimiento y agradecimiento a ellos, más mi apoyo constante a su carrera judicial.
Por último, la salida también necesita de nosotros, los abogados independientes, quienes estamos del otro lado de la vereda y muchas veces sucumbimos ante estas presiones o intereses externos. Debemos dejar de quejarnos y hacer algo desde el lugar que nos toca: ejercer con ética profesional, capacitarnos continuamente, denunciar irregularidades, participar en los debates y defender los derechos con lealtad. Somos parte del sistema, y por ello, igualmente responsables por el peligro en el que se pone a la ciudadanía.
Dicho todo esto, mi único anhelo es que el derecho sea derecho, y la política sea política. En criollo: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.