Por Rodrigo D. Metola San Nicolás - Abogado
ONU y el Estrecho de Ormuz: ¿ineficacia o complicidad?
Lo que ocurre hoy en el Estrecho de Ormuz y en el conflicto entre Estados Unidos e Irán no es un episodio aislado de tensión geopolítica. Es, en términos jurídicos, una muestra de hasta qué punto el Derecho Internacional puede ser ignorado cuando colisiona con intereses estratégicos. Lo más preocupante no es solo la conducta de los Estados involucrados, sino la pasividad (¿o complicidad silenciosa?) de la ONU frente a violaciones reiteradas de normas fundamentales.
El Estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo: por allí circula un tercio del petróleo global transportado por mar. Su relevancia económica es evidente, pero también lo es su importancia jurídica, ya que allí convergen principios esenciales del Derecho del Mar, como la libertad de navegación y el derecho de tránsito en estrechos internacionales. Sin embargo, lo que debería ser un espacio regido por normas claras se ha transformado en un escenario de tensiones permanentes, donde la amenaza y la interferencia en la navegación son el pan de cada día.
Buques retenidos, inspecciones arbitrarias y despliegues militares desproporcionados difícilmente puedan justificarse dentro del marco jurídico vigente. A esto se suma la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, consagrada en la Carta de la ONU. La mera presencia militar no constituye una violación, pero cuando se traduce en intimidación o acciones que restringen derechos de terceros, sin hablar de los polémicos discursos políticos y de propaganda, el límite entre disuasión legítima y amenaza ilícita se vuelve complicado de trazar.
Frente a este escenario, cabría esperar una reacción firme de la comunidad internacional, canalizada a través de la ONU. Sin embargo, lo que se observa es lo contrario: respuestas débiles, fragmentarias y meramente declarativas. La ONU, creada para mantener la paz y la seguridad internacionales, parece incapaz de actuar con eficacia. Sus llamados al diálogo se repiten como un ritual vacío, sin medidas concretas que modifiquen la conducta de los actores.
La estructura misma del sistema de seguridad colectiva, especialmente el rol del Consejo de Seguridad y el poder de veto de sus miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China), condiciona cualquier acción efectiva. Cuando los intereses de las grandes potencias están en juego, el Derecho Internacional deja de ser un límite y se convierte en un argumento retórico.
Esto plantea una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto el sistema internacional está diseñado para hacer cumplir las normas que proclama? Si las violaciones no generan consecuencias reales, el sistema pierde su carácter normativo y se transforma en un esquema meramente declarativo. La selectividad en la aplicación del Derecho Internacional debilita su legitimidad e incentiva conductas oportunistas. Los Estados aprenden que ciertas violaciones no serán sancionadas y la tentación de replicarlas aumenta.
La falta de una respuesta contundente por parte de la ONU envía un mensaje claro: el respeto por las normas depende del poder relativo de quien las invoca y de quien las infringe. Este mensaje es peligroso en un contexto global inestable, donde múltiples conflictos latentes pueden escalar rápidamente.
El eje de esta reflexión es que una cosa es reconocer la dificultad de actuar y otra muy distinta es naturalizar la inacción de la ONU. El Derecho Internacional no puede sostenerse únicamente sobre su formulación normativa: requiere mecanismos efectivos de implementación y coerción. Sin ellos, las normas corren el riesgo de convertirse en meras expresiones de deseo.
La crisis en el Estrecho de Ormuz expone con crudeza esta debilidad estructural y muestra un sistema que funciona en contextos de baja tensión, pero que se revela insuficiente cuando los intereses en juego son significativos. Pone en evidencia la brecha entre el discurso jurídico y la práctica política de las grandes potencias.
En este contexto, resulta legítimo cuestionar el rol actual de la ONU y la eficacia de sus mecanismos. No desde una perspectiva destructiva, sino desde la necesidad de repensar un sistema que, tal como está diseñado, muestra limitaciones evidentes para cumplir con sus objetivos fundamentales. La credibilidad del Derecho Internacional depende de su capacidad para ser aplicado de manera consistente.
La inacción no es neutra: es una forma de decisión. Y sus consecuencias, aunque no sean inmediatas, terminan impactando en la estabilidad global. El desafío es enorme, pero ignorarlo no lo hace desaparecer. Al contrario, lo agrava. Mientras tanto, en el Estrecho de Ormuz, las reglas siguen siendo puestas a prueba cada día y la población sufre las consecuencias de este conflicto.
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