La decisión del Poder Ejecutivo provincial de remitir a la Legislatura el acuerdo de financiamiento internacional para reactivar la Ruta 40 Sur representa una oportunidad decisiva para destrabar una obra que acumula años de demoras e interrupciones. Se trata de una infraestructura estratégica para San Juan, cuya paralización afecta la conectividad, la actividad productiva y la seguridad de quienes transitan diariamente por uno de los principales corredores viales de Cuyo.
El préstamo de 160 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) permitiría transformar 50 kilómetros de la ruta en una autopista de doble calzada, con accesos controlados, intercambiadores, pasos a desnivel, iluminación y otras mejoras. La iniciativa promete reducir los tiempos de viaje, abaratar costos logísticos y generar más de 4.000 empleos directos e indirectos.
Sin embargo, el anuncio financiero no debe confundirse con la solución definitiva. El tramo comprendido entre Tres Esquinas y Cochagual, en Sarmiento, permanece paralizado desde comienzos de 2026, luego del recorte de fondos nacionales. Esta situación vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las grandes obras públicas frente a los cambios de prioridades políticas y las dificultades presupuestarias.
Que la Provincia haya buscado una alternativa para recuperar los trabajos constituye una decisión atendible. Pero también obliga a examinar con rigor las condiciones del endeudamiento. La tasa de interés, los plazos de devolución y las garantías comprometidas deben ser conocidos y evaluados por los diputados antes de autorizar la operación. La necesidad de terminar una obra fundamental no exime al Estado de explicar cómo pagará la deuda ni de demostrar que el compromiso resulta sostenible para las cuentas provinciales.
Los beneficios proyectados justifican el esfuerzo. Las estimaciones oficiales anticipan una reducción del 35% en los tiempos de viaje y un ahorro anual de 12 millones de dólares en transporte. Cerca de 900.000 habitantes de San Juan y Mendoza podrían beneficiarse indirectamente, mientras que la mejora de la circulación favorecería el comercio, la producción y la integración con los mercados del Pacífico.
No obstante, estos cálculos deberán traducirse en resultados verificables. La experiencia acumulada por la Ruta 40 Sur exige abandonar la lógica de los anuncios reiterados y avanzar hacia un cronograma concreto, con controles de ejecución y transparencia sobre el destino de los recursos.
San Juan ya ha autorizado otras operaciones de endeudamiento para financiar infraestructura vial. Por eso, cada nuevo compromiso debe inscribirse en una planificación responsable que establezca prioridades y garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
La Legislatura tiene ahora una responsabilidad central: evaluar el acuerdo con seriedad y sin especulaciones partidarias. Reactivar la Ruta 40 Sur es una necesidad impostergable, pero también lo es asegurar que esta vez la obra avance sin nuevas interrupciones. La provincia no puede permitirse que una conexión vital siga siendo rehén de la falta de financiamiento y de decisiones inconclusas. Es hora de convertir una deuda histórica en una solución concreta para los sanjuaninos.