Por Rodrigo D. Metola San Nicolás - Abogado y docente universitario
San Juan varada: el laberinto de los derechos
El paro de colectivos ocurrido en la provincia de San Juan no es solamente un conflicto gremial más en la larga lista de disputas laborales argentinas. Es, en realidad, un escenario en donde se cruzan y se enfrentan derechos fundamentales, todos de base legítima, pero que en la práctica se vuelven incompatibles. La situación expone la fragilidad de nuestro sistema para armonizar intereses colectivos y derechos individuales cuando la protesta social se convierte en un hecho que afecta a todos los sanjuaninos.
Deseo hacer un paréntesis antes de seguir, y es que esta columna de opinión no quiere tomar postura o hacer un juicio de valor sobre si el reclamo es válido o no lo es. Sencillamente deseo exponer acerca de la multiplicidad de derechos que se ven entrelazados. Dicho esto, sigo.
Por un lado, está el derecho de los trabajadores a percibir una remuneración justa y a reclamar por ella. Los choferes denuncian demoras en el pago de aumentos salariales ya acordados, diferencias acumuladas y la falta de cumplimiento de convenios que deberían garantizarles un ingreso digno. Ese derecho está protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que reconocen la necesidad de que el salario sea suficiente para asegurar una vida decorosa. Sin embargo, la herramienta elegida para visibilizar el genera un choque inmediato con otros derechos de igual jerarquía.
El primero de ellos es el derecho a la movilidad. El transporte público es un servicio esencial, y su paralización afecta de manera directa a miles de usuarios que dependen de los colectivos para llegar a sus trabajos, escuelas, hospitales o simplemente para realizar su vida cotidiana. La suspensión del servicio deja a los ciudadanos sin alternativas accesibles, obligándolos a recurrir a taxis, remises o aplicaciones de transporte que, en medio de la crisis, multiplican sus tarifas hasta niveles abusivos. Así, el derecho de los trabajadores a protestar se enfrenta con el derecho de los usuarios a trasladarse, y la balanza se inclina hacia la vulneración de quienes no tienen otra opción que esperar.
Otro derecho en tensión es el de la educación. El Ministerio de Educación debió justificar faltas y suspender exámenes, reconociendo que miles de estudiantes no podían llegar a las escuelas. El derecho a la educación, también protegido constitucionalmente, se ve limitado por una medida que, aunque legítima en origen, genera un daño colateral difícil de reparar. Los alumnos pierden días de clases, se interrumpen contenidos y se afecta la continuidad pedagógica. Aquí la libertad sindical y el derecho a la huelga chocan con el acceso a la enseñanza, y nuevamente la sociedad queda atrapada en un dilema sin solución clara.
El Estado, por su parte, intentó intervenir dictando la conciliación obligatoria. Esa herramienta busca equilibrar las posiciones, obligando a las partes a sentarse a negociar mientras se restablece el servicio. Sin embargo, la UTA decidió no acatarla, reafirmando su autonomía sindical y su decisión de sostener la medida de fuerza. Surge entonces otra tensión: el derecho del Estado a garantizar orden y continuidad de servicios frente al derecho de los gremios a decidir sus estrategias de protesta. La falta de eficacia de la conciliación obligatoria expone la debilidad de las instituciones para imponer soluciones cuando los actores sociales endurecen sus posiciones.
En esta maraña, todos los derechos parecen legítimos y necesarios. Los choferes reclaman salarios dignos, los usuarios exigen movilidad, los estudiantes necesitan educación, el Estado busca garantizar orden. Pero en la práctica, esos derechos se superponen y se contradicen, generando un escenario donde no hay ganadores. La protesta desnuda la incapacidad de nuestro sistema para articular mecanismos que permitan que los derechos convivan sin que unos terminen devorando a otros.
La pregunta que queda flotando es si estamos preparados como sociedad para enfrentar estos dilemas. ¿Podemos diseñar un sistema que garantice la protesta sin paralizar servicios esenciales? ¿Podemos asegurar salarios dignos sin afectar la educación de miles de chicos? ¿Podemos equilibrar la autonomía sindical con la autoridad estatal? La respuesta, por ahora, parece ser negativa. El paro de colectivos en San Juan es un recordatorio de que los derechos no existen en compartimentos estancos, sino que se cruzan y se condicionan mutuamente. Y mientras no encontremos la manera de armonizarlos, seguiremos atrapados en conflictos donde cada derecho legítimo se convierte, paradójicamente, en la vulneración del derecho de otro.
San Juan sin colectivos es más que un paro: es el espejo de una sociedad que aún no sabe cómo equilibrar sus derechos.