La Argentina afronta desde hace un tiempo lo que se ha denominado una "nueva amenaza” ante el fenómeno del narcotráfico que, debido a una serie de circunstancias propias del país, está experimentando un marcado crecimiento y un desarrollo que se proyecta aceleradamente hacia el futuro, al no haberse implementado a tiempo medidas de acción directa para controlarlo.
En el afán de determinar a quién le corresponde actuar ante este cuadro de situación, se dice que si el narcotráfico es una amenaza exclusivamente externa, es la seguridad internacional la que debería intervenir, mediante las fuerzas armadas, vigilando todos los posibles ingresos y salidas del país; pero si se concluye que es una amenaza interna, entonces serán las fuerzas de seguridad nacionales, las que deberán ejercer su accionar. De todas formas hay una especie de consenso de que el problema del narcotráfico implica tanto "una exterioridad como una interioridad”, que confluyen en una situación compleja, difícil de analizar y, por lo consiguiente, de posibilitar la aplicación de las medidas más adecuadas para hacer frente a la grave situación a la que estamos expuestos.
Debemos evitar que la Argentina se asemeje a Colombia o México en sus respectivas "guerras contra la droga”, teniendo en cuenta los pobres resultados que han alcanzado estos países en una lucha que se está presentando fatídica y frustrante. Por citar un ejemplo, México durante 2013, con un despliegue militar considerable, logró confiscar a los cárteles de la droga algo más de 2,5 toneladas de cocaína; mientras que Costa Rica, un país prácticamente carente de fuerzas de seguridad logró confiscar 19,8 toneladas, dando muestras de una mayor eficiencia.
Estos resultados son los que han abierto el debate entre la eficacia en la utilización de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Los casos de México y Colombia, con sus bajos niveles de confiscación o de efectividad a la hora de enfrentar a los cárteles de la droga, son más que claro y llevan a intentar no cometer los mismos errores.
Es un hecho que en nuestro país el narcotráfico está creciendo de tal manera que amenaza con poner en riesgo intereses vitales de la sociedad, limitando los derechos sociales y vulnerando las garantías individuales. Ante esta situación surgen los conceptos de "seguridad y defensa” que es necesario tener presente no solo porque están intervinculados entre si, sino porque provienen de una necesaria labor legislativa y la acción que se debe emprender en esta lucha.
El analista Julio César Spota señala que en México, el involucramiento de las FFAA respondió a la necesidad empírica de contener el avance territorial de las organizaciones delictivas, que amenazaban con disputarle el control de jurisdicciones enteras al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales. Sobrepasadas las fuerzas de seguridad locales y federales en su poder de fuego por las organizaciones narco, y encontrarse vulnerado el control efectivo de porciones significativas del territorio nacional; las autoridades políticas se vieron en la necesidad de instrumentar medidas de urgencia que la evidencia histórica desaconsejaba, pero que la coyuntura crítica demandaba.
En otras palabras, en México el narcotráfico llegó a poner en jaque el ejercicio pleno del principio Soberanía Nacional, algo
que se debería tratar de prevenir en nuestro país. Tal vez de esta concepción surge el plan de seguridad propuesto por el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, que ha sido bien visto por todos los sectores de la sociedad incluida la oposición política, ante el grado que ha alcanzado la escalada delictiva.
El riesgo que corremos actualmente es el mismo que han sufrido países en los que el tráfico de drogas no fue contenido en las instancias iniciales de su desarrollo hacia la cartelización. Esto último promovido por una serie de factores representados por indicadores y precursores socio-económicos, donde el narcotráfico encuentra un ámbito apropiado para desarrollarse en base a pobreza estructural, deterioro institucional y desidia, cuando no, complicidad política.
Existe coincidencia en asegurar que afortunadamente Argentina presenta una situación de desarrollo preliminar aún distante de la problemática constatada en México u otros países de centroamérica. Lo que se aconseja en nuestro caso es disolver los nichos donde prospera el narcotráfico, una meta de mediano plazo donde intervienen elementos económicos, educativos y culturales. Por otra parte en el corto plazo, la estrategia conlleva el hecho de perseguir la acción de las organizaciones delictivas a través de emprendimientos de seguridad encaminados por las fuerzas policiales y, con creciente protagonismo en el proceso, las fuerzas de seguridad militarizadas (Gendarmería y Prefectura), con el oportuno apoyo logístico provisto por las FFAA y los Servicios de Inteligencia, de acuerdo a lo previsto en las leyes pertinentes al área.