El 5 de octubre fue designado como el Día del Camino, porque en esa fecha, allá por 1925, se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Panamericano de Carreteras.
Cuando se piensa en caminos es inevitable reflexionar sobre el tránsito. Por eso no hay mejor esfuerzo que bregar por la educación vial y seguir apelando al respeto por las normas.
Al popularizarse el uso del automóvil, fue necesario proyectar caminos nuevos, y se defendió el principio de que rutas y caminos debían ser construidos y conservados por el Estado nacional o los provinciales.
Caminar por la vereda, cruzar la calle, mirar los carteles indicadores, interpretar las señales mientras estamos en una ruta o tomar un ómnibus, por ejemplo, son rutinas que forman parte de la vida cotidiana. Como ciudadanos, nos movemos en un espacio que es social. Nuestro transitar ocurre en un tiempo y un espacio en el que también se mueven otros. Este movimiento, de uno o de muchos, es constitutivo del espacio público.
En los últimos años se reafirmó en la sociedad argentina la honda preocupación por afianzar una convivencia democrática respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos y un Estado garante de dichos derechos. La cuestión de la seguridad vial, en este contexto, fue ganando un espacio cada vez más importante en la agenda pública de nuestro país, tanto a nivel nacional, como provincial.
Así, junto a la alta frecuencia de "accidentes viales” en que muchos pierden su vida, la evidencia de que dichos siniestros son evitables está cada vez más presente en toda la sociedad. Por otro lado, fue aumentando la convicción acerca de que condiciones más seguras de tránsito redundan en una mayor calidad de vida; que esto requiere un cambio cultural y que ese cambio es posible y urgente.
En lo que hace a la acción del Estado, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su Decreto reglamentario (y especialmente a partir de la modificación de la misma a través de la Ley Nº 26.363 que crea la Agencia de Seguridad Vial -ANSV- en 2008), comienza a implementarse en el país un conjunto de acciones que apuntan a la coordinación de las políticas de la seguridad vial de todas las jurisdicciones, con el objetivo de reducir la tasa de siniestralidad del país.
Dichas políticas se orientan a generar Licencia Única Nacional, a crear un Sistema Nacional de Infracciones y de Antecedentes de tránsito y a establecer la unificación de las medidas de control y sanción. Además de impulsar y mejorar la gestión de Seguridad Vial, y de establecer mecanismos de seguimiento y control, otras acciones se orientan a la prevención de los riesgos viales y la concientización, así como a la capacitación y asistencia técnica con el objetivo de brindar herramientas que mejoren la gestión y jerarquicen el rol de los agentes públicos que intervienen en los municipios y las provincias para gestionar el tránsito y la movilidad segura.
Sostengo que la educación vial inscripta en la educación ciudadana es responsabilidad de todos los adultos de la sociedad y en particular de los docentes en las escuelas. Afirmo que es necesario trabajar desde las escuelas para reconfigurar el espacio de circulación que compartimos, para desnaturalizar las practicas de transito, hacer visible el papel fundamental de la intervención humana en ese contexto y recuperar el sentido social del ciudadano de sí mismo y del otro, en la vía pública.
Mónica Alejandra A. Becerra. Docente