Hay un antes y un después en materia de macroeconomía argentina a partir de la firma del memorándum con el Fondo Monetario Internacional. El préstamo de 50.000 millones de dólares que el FMI otorgó a la Argentina, tiene un diseño de cómo deben ser aplicados, es decir, hay una pauta jurídica de subsunción que condiciona la administran del préstamo, en las distintas facetas de la economía nacional.
Es un acuerdo, entonces, con variadas condicionalidades particulares según el ítem del acuerdo y la obligación asumida para cada una, pero en este artículo, sólo focalizamos en un solo punto por entender, que es de la mayor trascendencia y significación tanto en sentido económico, como en términos de la función social que implica ese tema a desarrollar.
Esta es la cuestión: ¿Cuál es el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses en el esquema del acuerdo con el FMI?
La cláusula clave, hecha pública por todos los medios, dice lo siguiente: "El valor de los activos de los fondos de pensiones incautados en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones".
Es decir, el FGS que suma en diferentes activos más de un billón de pesos en capitalización (1,26 billones), a partir del nuevo esquema comprometido con el FMI, va a ser destinado a solventar el gasto corriente de jubilaciones y pensiones. El cambio es rotundo ya que nunca se había destinado el FGS para solventar el gasto corriente previsional.
Antes del acuerdo con el FMI, siempre se respetó lo que la ley dice al respecto, es decir, es un fondo anticíclico para momentos de crisis, y, a la vez, constituye una plataforma de capital que sirve para aplicarlo tanto a inversiones productivas como financieras, siempre y cuando, esas operaciones, aseguren una ganancia para el FGS. Esto explica el aumento de su capital, desde el 2008 que es administrado por el Estado, ya que aumentó casi 30 veces el monto del capital inicial. Es dable afirmar, entonces, que es un patrimonio público que se ha mostrado eficiente en su modo gestión. Es tan grande el monto, 1,26 billones de pesos al año 2018, que dividido por unidad dólar cotizado en 19 pesos, antes de la devaluación, supera ligeramente los 50.000 millones de dólares.
Por eso llama mucho la atención el compromiso asumido con el FMI, ya que representa un cambio de orientación copernicano, pues, hay un riesgo de transfiguración sustancial en su rol económico, resignando el carácter de intangibilidad que por ley tiene el fondo de garantía.
El riesgo es que, con el nuevo esquema, al no tener un fin de reproducción del capital, es previsible colegir que tenderá, con cada gasto corriente devengado, a disminuirse. Es decir, dejaría de jugar como un capital que invierte en el mercado de acciones y bonos, procurando tener una contrapartida de ingresos para mantenerlo en el tiempo y ponerlo al abrigo de la desvalorización monetaria y otras crisis que pudieran sobrevenir.
También llama la atención el uso de la palabra "incautación+, cuando se refiere al FGS, pues, podría significar, en una de sus interpretaciones posibles, que el Estado argentino estaría aceptando que la estatización de los fondos de los jubilados en 2008, no fue un acto revestido de plena legalidad. Hay que tener en cuenta que en el CIADI hay juicios abiertos pendientes de las ex AFJP. Y como no es un tema menor el de los términos jurídicos, es de suponer, que los capitales privados demandantes del país, no dejarán pasar esa palabra consignada en el acuerdo con el FMI, pues, coincide con los argumentos legales de las demandas de las ex AFJP.
Por el Dr. Mario Alfredo Luna y Fabián Alberto Núñez
Expresidente y exasesor del Concejo Deliberante de Jáchal, respectivamente.