En la década de los "90, nuestro país se anticipó en la región sancionando una nueva y moderna legislación minera. No es un tema menor destacar que la misma fue el resultado de un importante consenso entre los diferentes actores políticos de la Argentina.

Nuestro país acostumbrado a construir políticas desde visiones maniqueas, intentaba que el centenario atraso en que inexplicablemente se encontraba la industria minera, se revirtiera desde una nueva política de Estado.

En tiempos en que la expresión "Política de Estado'' se usa a diario, en cualquier ocasión, convirtiéndose en un eslogan, vale tomarnos un par de renglones para expresar que debe entenderse cuando la pronunciamos. Política de Estado es aquella en la que no importa quién esté en el gobierno, que la tarea que inició uno, otro de distinto signo la continúe, que toda modificación se discuta y acuerde, que nadie haga con ella una bandera electoral porque a todos les pertenece.

A la notoria y lamentable simpleza de la dirigencia argentina en general, debemos imputarle la increíble confusión de términos cuando discutimos sobre la cuestión minera. Confusión que un buen maestro no le perdonaría al alumno en ningún examen. Valen como ejemplos el grosero uso de los términos: impacto ambiental como sinónimo de contaminación y estabilidad fiscal como equivalente a exenciones impositivas.

Todas las actividades del hombre impactan el ambiente. La construcción de una calle, la circulación vehicular, un aeropuerto, la realización de un dique, los desechos urbanos o industriales, las redes eléctricas, de agua potable, los canales de riego: producen modificaciones en el medio ambiente impactándolo de diferentes formas.

Hay impactos negativos temporales y otros definitivos pudiéndose en ambos casos trabajar en el marco de un desarrollo sustentable, recomponiendo, mitigando o rehabilitando el ambiente afectado.

La minería impacta fuertemente un lugar muy pequeño en donde se llevan adelante las labores de extracción, tratamiento y depósitos de minerales no valiosos. Pero de ninguna manera tiene permitido alterar los valores naturales de aguas de ríos, del aire o del suelo que circunda a una mina, ni perjudicar los componentes bióticos (con vida) que componen el ecosistema del lugar.

Se advierte con razón que la capacidad de transmitir explicación es uno de los recursos distintivos del ser humano, y es a través de estas que muchos llegaron a tragarse el cuento de que la minería no paga impuestos y sólo deja "míseras regalías''. La minería, como la industria petrolera y como en los países de la región, tiene un régimen de invariabilidad tributaria, que reitero, está a las antípodas de las falazmente pregonadas exenciones impositivas. Es más, no sólo paga todos los impuestos, no tiene ningún subsidio, sino que paga regalías las que por nuestra organización federal le pertenecen a las provincias. Regalías que son más elevadas que las que se cobran en Chile, Perú o Brasil.

Sólo desde el desconocimiento o desde intereses inconfesables se puede seguir sosteniendo que la minería contamina y no deja nada.

Podemos debatir sobre cuestiones fiscales nacionales, provinciales y municipales, ponernos de acuerdo o tener miradas diferentes. Debemos coincidir en promover la mejor y más capacitada agencia para realizar los múltiples controles de seguridad, explotación racional del recurso mineral, y protección ambiental en el desarrollo de los proyectos mineros, con técnicos y profesionales distinguidos desde una adecuada remuneración. Lo que marca un limite infranqueable es la mentira y la mala fe.

La minería en la provincia y en el país debe volver a ser política de Estado. Lo afirmo tomándome de las reflexiones que a manera de sentencia formulara Aldous Hukley; "La realidad no se puede ignorar excepto que se pague un precio: y cuanto más persista la ignorancia, tanto más caro y terrible se vuelve el precio que se debe pagar''. El terrible precio no es otro que el de la miseria, que algunos sin urgencias se sienten con derechos a decretar contra miles de compatriotas, prohibiendo el ejercicio de una industria lícita.