Algo así como el colmo de los colmos, como se le llamaba hace algunos años a los derrapes más absurdos: que en la Facultad de Ingeniería -donde se forman ingenieros electromecánicos- hay sólo un puñado de electricistas que conocen muy poco de electricidad.
Es lo que terminó admitiendo el decano Oscar Nasisi sin necesidad de demasiada insistencia y redondeó así un cuadro alarmante, trágico e inverosímil: hasta dónde la imprudencia es capaz de coquetear con la fatalidad, una especie de sálvese quien pueda de oídos sordos a las garantías mínimas de convivencia. Alguna noción de que estar al frente de una universidad o un aula de escuela pública es negociar de tanto en tanto los salarios y pocas cosas más. Nada mejor para probarlo que las propias palabras del rector de la UNSJ, Benjamín Kuchen: "No sabía que había que tener la autorización de bomberos". O del encargado de Arquitectura de la provincia, Pablo Zabala, quien encontró la solución de tratar de mentiroso al informe periodístico que le señaló que 6 de 10 escuelas relevadas tienen fallas eléctricas que ponen el peligro la vida de los alumnos y los maestros.
El escándalo desatado por la seguridad en los edificio públicos parece una historia ya contada. Y remite a la fábula de curar, en lugar de prevenir. De pasarse días enteros discutiendo si tal o cual hizo lo que debía, después de que alguna desgracia decide aceptar la invitación.
Nos ha sacudido a todos la tragedia de Cromagnon luego de un incendio, o la del propio Rectorado de la UNSJ, y se ha sometido a un sociedad entera en el lamentable espectáculo de pasarse facturas. Y esta historia se trata de lo contrario: prevenir antes que curar. En marzo de 2004, luego del siniestro que destruyó el Rectorado de la UNSJ un mes anterior por un cortocircuito y cuya reconstrucción costó varios millones de pesos a las arcas públicas, DIARIO DE CUYO realizó un informe con resultados sorprendentes: que muchos edificios públicos poseen fallas inaceptables y reciben diariamente a miles de personas. A la cabeza en aquel momento el 9 de Julio, hoy vacío y reemplazado por el Centro Cívico. También estaban en peligro los hospitales Rawson -también un parte ya reemplazado- y Marcial Quiroga, además de Tribunales. Un año después, con la desgracia de Cromagnon, la cosa siguió en estado de alarma: 9 edificios públicos tenían alto riesgo de incendio.
Pasaron desde ese momento 5 años y una nueva tragedia, la del estudiante fallecido en Ingeniería por manipular un artefacto eléctrico, vuelve a exponer las cosas al sol. Y no hay caso, tiene que morir alguien para llamar la atención.
El escándalo fue mayor cuando, nuevamente una investigación periodística realizada por DIARIO DE CUYO demostró que todas las instalaciones de la UNSJ tienen riesgo por fallas flagrantes en la seguridad, que nadie mantiene y que nadie controla. El documento alertó al juez de faltas Enrique Mattar y el magistrado intimó a la UNSJ a convocar a los bomberos para hacer un estudio.
¿Qué hubiera ocurrido si no se conocía el informe periodístico sobre tableros y cableados obsoletos y falta de disyuntores generalizada? Seguramente todo hubiese seguido igual… hasta la próxima desgracia. Un secuencia idéntica al anterior caso de energía suelta al alcance del público, cuando fue una noticia originada en videos caseros tomador por celulares por la gente y mostraba cómo los cables pelados en el Parque de Mayo mataron a un perro que tomaba agua. Hubo que cerrar el paseo, como ahora hay que cerrar la universidad. Cero prevención.
Esta nueva investigación y la posterior acción judicial fueron la antesala de una serie de revelaciones de esas que necesitan un par de bofetadas en la cara para darles crédito.
Primero, la noción repentina sobre cuál alto fue el riesgo al que fue sometido toda la población universitaria durante tanto tiempo, como consecuencia de que sus autoridades no saben cuál es el trámite a seguir en materia de seguridad -según ellos mismos declararon- y aún después de haber visto derribarse al edificio céntrico del Rectorado. De no creer.
Segundo, la costosa consecuencia de semejante impericia dirigencial: ya va una semana sin clases en todos los claustros universitarios, incluidos los colegios, a pocos días de haber iniciado el ciclo lectivo y con exámenes a medio tomar, mientras los edificios estuvieron cerrados dos meses como para hacer el trabajo. Ahora, falta que se argumente, como durante tantos días de paro, que la presencia en las aulas en realidad no es tan importante.
Tercero, el lamentable espectáculo de pasarse la papa caliente de la responsabilidad. Bramaron los decanos diciendo que no pueden ellos hacerse responsables del mantenimiento porque es una función del Rectorado, que ellos sólo disponen de algunos electricistas no matriculados -como la citada revelación de Nasisi- y que muchas veces se encontraron con rechazos a sus pedidos de designar gente a esas funciones. Mientras el rector Kuchen respondió sosteniendo que la responsabilidad es "compartida" y los decanos no pueden mirar para otro lado. A quién creer.
Cuarto, siempre la política mete la cola. Y no es la UNSJ un sitio precisamente despojado de esos intereses, que afloraron plenos en este pase de facturas por la responsabilidad ante tamaña ineficiencia que costará mucho dinero a la universidad -y por lo tanto al contribuyente de impuestos- no sólo por las tardías reparaciones de urgencia sino por los juicios que se asoman. En el espectáculo lastimoso de arrojarse culpas, los opositores a Kuchen salieron a hacer revisar el estatuto donde señala que es el Rectorado el encargado del mantenimiento, mientras que los leales lo maquillaron argumentando errores cruzados.
Y quinto, la ola expansiva terminó abarcado también a las escuelas públicas, donde se verifica la misma falla. Miles y miles de chicos en aulas desprotegidas. Aún peor, frente a un problema que nadie quiere ver: en Educación hubo silenzio stampa luego de la revelación y en Arquitectura se encargaron de descalificar sin fundamento un informe posible de ser verificados sobre el terreno: 10 escuelas con nombre y apellido a las que pueden ir y ver. Si quieren, claro.
Se preguntará el lector cómo es que uno, que tiene un comercio y recibe periódicamente los controles para tener todo en regla, debe estar al día con esos requisitos a riesgo de que le clausuren el local, mientras los lugares públicos como escuelas y hospitales pueden funcionar sin el mínimo papelito. O cómo es posible que luego de caerse el Rectorado, ninguna de sus dependencias tenga permiso de bomberos (en algunos casos ni final de obra).
Ese claro ejemplo de doble moral tiene una explicación que también se inscribe dentro de la catarata de hechos inverosímiles desatados en la UNSJ. Es que el mismo juez terminó admitiendo que no hay una regulación pública para que los lugares dependientes del Estado reciban inspecciones, como las tienen los comercios con los municipios que piden todos los controles.
Y como nadie controla, es posible que ni el Rectorado ni muchas otras dependencias públicas no hayan visto un bombero ni en figuritas, mientras circulan allí dentro miles y miles de personas. Para anotar en la lista de colmos: un colegio privado recibe inspecciones municipales periódicas que piden los permisos de bomberos, mientras un colegio estatal puede sobrevivir largos años sin ninguna autorización.
Pero cómo, ¿no vale tanto para el Estado la vida de un alumno de un colegio privado que la de uno de colegios públicos? Los hechos demuestran que no.