Por Carlos Emanuel Cafure
Abogado, procurador, martillero y corredor público

Desde hace unos cuantos años, hay quienes en la Argentina se ven impedidos frente a la inexistencia de políticas estatales, de acceder a su derecho a la movilidad social ascendente.

En materia laboral, existen sobrados casos. Un ejemplo, son los peones de taxis, tanto hombres como mujeres, que trabajan en esta sacrificada actividad durante ocho horas diarias brindando un servicio de transporte de pasajeros. Muchos de ellos, para intentar llegar a cubrir sus necesidades básicas mensuales, deben trabajar horas de más, con el desgaste físico que conlleva esta actividad para quienes la desempeñan. 

Desde el propio Estado se debería garantizar que en los sorteos de licencias de auto taxi, el 100% del cupo sea para choferes de taxi, garantizando el correspondiente cupo femenino. En el supuesto de no resolver esto, como mínimo, la mayoría de las licencias de auto taxi tendrían que ser destinadas a estos trabajadores y trabajadoras, considerando para ello, principalmente la antigüedad y la idoneidad. 

Los peones de taxis (hombres y mujeres), tienen derecho a que se garantice su movilidad social ascendente, para que luego de determinados años como choferes puedan, a través de los sorteos de licencias de auto taxi, ser titulares de ellas y mejorar por lo tanto su situación económica familiar como personal. Recordemos que un número considerable de estos trabajadores tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza, lo que es inaceptable.

Por estos días, increíblemente, pareciera que se trabajara para llevar a la clase trabajadora hacia una movilidad social descendente. Un claro ejemplo es la insistencia permanente por parte del Gobierno nacional, en avanzar en una reforma laboral, que en la práctica implicaría la pérdida de derechos y conquistas históricas (podemos advertir que en muchos casos, se pretende modificar y rediscutir convenios colectivos a la baja en distintas actividades). Lo que se pretende es ir en contra de todo el marco legal laboral vigente en nuestro país.

En materia habitacional, tenemos el ejemplo de los inquilinos. Hace unos meses atrás escuché una frase que describe con absoluta claridad, la situación que atraviesan millones de argentinos: "Los trabajadores, son la fábrica de inquilinos...".

Lamentablemente, han pasado muchos gobiernos de distinto signo político, pero ninguno de ellos, ha llevado adelante un ambicioso proyecto de viviendas populares para la ciudadanía. Solo algunos programas muy limitados, en algunos casos. La inmensa mayoría de quienes alquilan, pretende en algún momento de su vida dejar de ser inquilino para pasar a ser propietarios. Para ello, deben ofrecerse condiciones accesibles para el ciudadano común, con el fin de poder alcanzar el sueño de la casa propia. 

Ante la falta de políticas relacionadas con la construcción de viviendas por parte del Estado, quienes pueden terminan accediendo a planes de cooperativas, o continúan en su condición de inquilinos, con la esperanza de que alguna vez la clase política, se acuerde de ellos.

Quienes gobiernan en nuestro país, deben hacerlo para mejorar la calidad de vida del pueblo. Frente a violaciones de derechos garantizados en leyes nacionales y provinciales, en la Constitución Nacional, y en tratados Internacionales, todo ciudadano tiene derecho a recurrir ante la justicia.

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa "lo que está conforme a la regla". El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad.