El esquema de equilibrio, frenos y contrapesos entre poderes públicos, propio del Estado Constitucional de Derecho, encuentra hoy su mejor perfil en la propuesta del diálogo constitucional.
Constituye un dato irrefutable el avance de la gestión en manos de los poderes ejecutivos encargados de la administración pública. Cuestiones de seguridad interna, conflictos ambientales, creación y uso de infraestructuras, desarrollo de planes de acción en materia de política sanitaria y educativa y de actividades concretas de prestación y planes de estabilización anti-cíclica constituyen parte de su acción cotidiana.
Al mismo tiempo, el espacio de la norma de diseño legislativo, que expresa el corazón de la idea de representación propia del sistema democrático, se retrae hacia el establecimiento de programas de base. Grandes pautas arquitectónicas que fijan los límites de la acción ejecutiva que encuentra sus flancos más específicos en la legislación reglamentaria.
Dentro de este esquema: ¿Qué rol debe desempeñar el poder judicial y, en particular, el más alto tribunal dentro de cada jurisdicción? La tesis del diálogo constitucional propone una mirada que supera los esquemas tradicionales de confrontación y sumisión, presentando una propuesta de desarrollo integrado de soluciones hacia la sociedad y el mercado.
En tal sentido, el desafío para los altos magistrados del poder judicial radica en transformarse en promotores de la deliberación democrática, mediante intervenciones jurisdiccionales favorecedoras del diálogo entre la ley y su ejecutor: la administración encargada de ponerla en planta.
Las bases de tal acción radican en: a) La defensa de los derechos constitucionales asumidos como pautas básicas de ciudadanía y convivencia; b) El diseño y despacho de remedios moderados a modo de órdenes abiertas con seguimiento de procedimientos, plazos y rendición de cuentas; c) El resguardo de la institucionalidad entendida como asunción de una instancia de cobijo, prestigiosa y respetada por quienes reclaman por sus derechos.
Definir el perfil de los dialogantes resulta, tal vez, la tarea más relevante y urgente. Tres condiciones parecen de cumplimiento insoslayable:
a) Versación en el derecho en su aspecto raigal de vinculación con la politicidad impresa en el corazón de los seres humanos, su historia, sus fronteras y los sistemas comparados. No se trata de un conocimiento formal ni meramente pragmático de la ley sino de una comprensión profunda de la dimensión jurídica de lo humano implícita en la vida de relación social. A su vez, ese conocimiento debe revelar un compromiso evidente y probado con los valores republicanos como medios para favorecer la libertad y la igualdad.
b) Nivel de debate acorde a una necesidad de representación que abarca a todos los ciudadanos y que obliga a interactuar con los operadores del derecho, de los diversos estamentos de la vida social, de la política y de la industria y la creación de servicios. Señaló Madison, el gran arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos, que lo propio de las Cortes y los Superiores Tribunales es la inteligencia en la búsqueda de soluciones sociales que permitan afianzar los derechos por medio de la deliberación, dada su carencia de la base territorial propia de la política agonal y de la posibilidad de distribución del presupuesto público.
c) Formación en gestión y comprensión de los problemas de la administración de sus recursos materiales y de las acciones de sus jueces, funcionarios y empleados, entendiendo que, según expresó el poeta: "detrás de todo, está la gente”. Personas con necesidades y problemas concretos que demandan tutela judicial pronta y eficaz. Este entrenamiento previo es de vital importancia para lograr un acople adecuado de la gestión pública entre los tres poderes estatales y requiere de prudencia y experiencia en favor del servicio público y de la buena administración orientada hacia la inclusión de quienes habitan, por diversas razones, en la periferia existencial.
Oscar A. Cuadros, Doctor en Derecho – Decano de la Facultad de Derecho de la UCC.
"Detrás de todo, está la gente”, dice el poeta en relación a lo concerniente al diálogo constitucional.
