Es intención de este artículo intentar poner en palabras, la frustración, impotencia y desilusión de una gran cantidad de empresarios pymes, monotributistas y profesionales independientes. Esto, debido a los mediáticos anuncios económicos y financieros que se expresan a nivel de autoridades gubernamentales; porque después, en la práctica, con el tamiz de una burocracia funcional, llegan a materializarse en beneficios de pocos y con el sesgo de una discrecionalidad manifiesta.
Con tal finalidad, lo primero que entiendo importante resaltar es que tomaré como significado de discrecionalidad a "la potestad atribuida a los órganos administrativos por la leyes (en este caso DNU), sin predeterminar por completo el contenido u orientación que han de tener sus decisiones, por lo que el titular de las potestades o competencias queda habilitado para elegir dentro de las diversas opciones decisorias que se le presentan".
Centraré esta discrecionalidad en la implementación de medidas económico – financieras, dejando de lado el aspecto sanitario, en el cual aparte de exceder mi campo de conocimiento, la discrecionalidad en la toma de medidas generales estaría más justificada en atención a la diversidad de realidades regionales ante la expansión y consecuencias de esta pandemia.
En primer lugar, y en un análisis macro, se puede observar que los distintos gobiernos a nivel mundial, independiente de su poderío económico, nivel de riqueza y orientación política, han instrumentado paquetes de ayuda económica y financiera a sus sectores productivos, comerciales y de servicios. Mantener una infraestructura económica en condiciones operativas en tiempos de cuarentena, ha sido la prioridad de todos los países independiente de su nivel de desarrollo y posibilidades.
En nuestro país, la orientación seguida estuvo en consonancia con lo acontecido en los distintos países, eso sí, con la impronta de la sobreactuación mediática de la medida y la discrecionalidad de la instrumentación de la cual siempre hacen gala nuestros políticos y funcionarios.
La riqueza de un país depende de su sector productivo, el cual hoy se encuentra al borde de una crisis terminal.
En el caso puntual pretendo hablar de dos mecanismos en particular. En primer lugar, el ya por todos conocidos ATP, o Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Y, en segundo lugar, los mecanismos financieros tendientes a facilitar el otorgamiento de créditos con destino al pago de remuneraciones a los trabajadores del sector privado. Se deja de lado el análisis de la Asignación del Ingreso Familiar de Emergencia, y el otorgamiento de créditos a tasa cero a monotributistas, en función que en el primer caso, la misma está destinada a personas que carecen de actividad económica o que tienen actividad económica y revisten en las categorías más bajas de monotributo (por lo general en trabajos informales y temporales), en donde también la demagogia política se puso de manifiesto y el cobro de los tan esperados y devaluados diez mil pesos, se concretó con más de 30 días de dilación al anuncio tan promocionado. Y, en el segundo de los casos se está ante un proceso de implementación que impide pueda ser evaluada correctamente en cuanto a su operatividad y funcionamiento.
En lo concerniente al ATP, bajo el título de "El Gobierno pagará el 50% de los sueldos de los trabajadores del sector privado", se soslayó una gran mentira. Sin entrar en mayores detalles, en el tiempo récord de 2 días, luego ampliado en su plazo por 48 horas más, se pretendió que una cantidad del orden de las 450.000 empresas, se inscribieran a los fines del otorgamiento del subsidio, demostrando en un comparativo interanual que en los períodos 20/03 al 12/04 del año 2019 y 2020 respectivamente, hubieran tenido una sustancial caída de ventas. Primer paso de la discrecionalidad y preguntas que surgen:
– ¿Por qué se pidieron datos de los cuales la AFIP dispone?
– ¿Qué es sustancial?
– ¿Se considera un acumulado de inflación interanual del 55%?
– ¿Es válido el período tomado considerando que hay empresas que facturan servicios prestados con anterioridad? Por ejemplo empresas del sector salud.
Estas empresas que se presentaron al otorgamiento del beneficio, fueron evaluadas en no más de 96 horas por un comité de 5 personas, lo que en el mejor de los casos considerando que hubieran trabajado 24 horas al día, lleva a la friolera de tener que evaluar un promedio de más de 5.000 empresas por hora. El cálculo es sólo una utopía a fin de reflejar la imposibilidad de su evaluación y la discrecionalidad en su otorgamiento. El resultado fue que el beneficio anunciado, sólo alcanzó a pocos y una vez más, un anuncio bien intencionado se desvirtuó y manipuló en su aplicación.
Con el apoyo crediticio con destino al pago de sueldos pasó algo similar, el BCRA implementó dos medidas de importante alcance, por un lado redujo los encajes de las entidades financieras, con la finalidad de dotarlas de liquidez para el otorgamiento de créditos con destino a pago de sueldos y capital de trabajo, y por otro lado la constitución de un fondo de garantías (Fogar), que permitiera acceder a estas líneas a aquellas pymes que por su informalidad no se encuentran calificadas en el sistema financiero.
La realidad de un sistema financiero pequeño donde sólo el 14% del PBI se presta al sector privado, con una banca acostumbrada a tasas de usura. Presta casi con exclusividad a un sector público sobredimensionado y al crédito para consumo en tarjeta, una medida bien concebida. Se instrumentó en forma distorsionada y discrecional. A más de 40 días de la emisión de las normas, cada banco arbitrariamente ha interpretado las mismas, poniendo trabas y restricciones en su operatividad, en paralelo al silencio sobre la aplicación de la norma que impide el cobro de los préstamos financieros entre los meses de abril a junio, sobre el cual no saben ni contestan.
Es una realidad que esta pandemia nos dejará grandes enseñanzas, una de ellas será la de refrendar que la riqueza de un país depende de su sector productivo, el cual hoy se encuentra al borde de una crisis terminal; intentando evadir las trabas burocráticas que le permitan acceder a paquetes de ayuda que permitan mantener la fuente de trabajo de sus empleados. Viendo con incredulidad la irracionalidad y arbitrariedad en la implementación, por parte de funcionarios, que han tenido la precaución y previsión de mantener el statu-quo salarial de una sobredimensionada planta laboral estatal.
Por Carlos Pujador
Contador Público Nacional