Fue a partir de diciembre del ’94 pero la secuencia tuvo origen a fines del ’92 cuando la legislatura provincial aprobó el juicio político contra el gobernador en ejercicio, Jorge Escobar, y asumió el vice Juan Carlos Rojas. El nuevo mandatario, necesitado de apoyo popular, envió a la legislatura con mayoría de peronistas seguidores de Rojas, bloquistas y algunos radicales un presupuesto sobregirado en aproximadamente un 40% de la recaudación ideal.

La diferencia iba a ser financiada por un plus que, el por entonces Tesorero General Raúl Olazábal en un trabajo paciente y de muchos años, había logrado certificar como deudas que la Nación mantenía con la provincia por compromisos desde la época de la reconstrucción que siguió al terremoto del ’44. Poco menos de 200 millones de dólares en bonos, que aquella administración malvendió en el mercado secundario reduciéndolos a unos 130 millones.

Este excedente lo sería, como es lógico, por única vez, hasta que se acabara la plata. A todo esto, los empleados públicos no tenían por qué estar al tanto de los detalles y se acostumbraron a cobrar cierto sueldo. Es sabido el carácter inelástico que tienen las asignaciones salariales, lo difícil que es reducir lo que se paga más aún cuando, por ausencia total de inflación, la cifra era transparente y casi siempre la misma. Conclusión: una vez agotados los fondos extras, estaban faltando unos 300 millones de los más de 800 aprobados. En una medida de última instancia, aquél gobierno intentó pedir un crédito externo por otros 250 millones.

La Nación se negó a servir de garante segura de que la provincia no tendría con qué devolver el préstamo. Se comenzó a pagar los sueldos en cuotas y ni hablar del aguinaldo. Hasta se llegó a planificar el asalto a las reservas del Banco Central existentes en la bóveda del Banco San Juan de Libertador y Mendoza. Horacio Massaccesi, gobernador de Río Negro, ya lo había hecho en su provincia con el argumento de pagar a los empleados y jubilados. Fue condenado por malversación de caudales en el año 2005 por sustraer del Tesoro 16,6 millones de dólares.

En ese clima, la Suprema Corte restituyó a Escobar en el Ejecutivo, cayó Rojas pero quedó la legislatura en manos de la oposición, Escobar tenía solamente 3 diputados propios y la Cámara volvió a aprobar un presupuesto sin financiamiento. Antes de reasumir, Escobar viajó a Buenos Aires a visitar a su amigo Domingo Cavallo, uno de los dos únicos que había creído en él en 1991 cuando, contra todos los pronósticos, le ganó al favorito Alfredo Avelín. El otro fue Eduardo Menem. Cavallo condicionó la ayuda nacional a la presencia de un ejecutor confiable de política económica, el ex Secretario de Hacienda del primer tramo de la gestión del propio Escobar y ex miembro de la Fundación Mediterránea fundada por Cavallo en Córdoba, Raúl Benítez. 

Cavallo exigió una tarea lógica desde el punto de vista económico pero altamente impopular: ajustar el presupuesto, pagar las diferencias liquidando activos, el Banco provincial, la empresa de energía, la empresa de agua, y transferir a la Nación la Caja de Jubilaciones que era un agujero negro con multitud de beneficiarios apócrifos. ‘Si no tenés plata, vendé el auto, la moto, dejá de ir de fiesta y después vení a pedir‘. Algo así. Gobernador y Ministro, se comprometieron, ‘lo haremos‘. Cavallo fue drástico: No, háganlo, me traen las leyes aprobadas y los decretos, y recién entonces vuelvan. Los ‘deberes‘ eran duros y más duros de presentar: bajar los sueldos, eliminar extras o plus, y, por si fuera poco, pagar parte del salario en certificados de crédito fiscal, Crefi, que intentaban y consiguieron pagar a los empleados con la deuda que los contribuyentes tenían con el Estado. El siguiente capítulo dejó imágenes parecidas a Santa Cruz. 

Quema de cubiertas, manifestaciones principalmente de ATE, Asociación Trabajadores del Estado, presiones del sindicalismo nacional, incendio de un vehículo de la policía (‘la chancha‘), pedradas y rotura del parabrisas del auto del ministro, principio de incendio en edificios públicos, humo y balazos de goma por todas partes. Y eso con un gobierno de gran popularidad como que luego ganaría las elecciones fácilmente a fines de ese mismo año, ya corría 1995. Interesante aprendizaje, también se puede ganar sin demagogia. De ahí en adelante, San Juan buscó distintas vías de creación de riqueza genuina.

Promoción industrial, agrícola y turística, diferimientos impositivos, obras de infraestructura y finalmente minería, lograron que hoy el Estado aporte al Producto Geográfico (equivalente al PBI nacional) solamente el 37% del total y que el gasto corriente, salarios, proveedores y funcionamiento, no represente más del 70% del presupuesto, con lo que queda un 30 para políticas públicas, promoción de inversiones y más infraestructura, Eventualmente, en caso de pedir créditos, se podrán pagar.

Hubo otro intento de voluntarismo populista con la Alianza de Avelín pero la propia coalición lo pudo sofocar destituyendo al jefe. Se aprendió, pareciera que para siempre. Hoy San Juan tiene, además de un presupuesto equilibrado, dinero ahorrado en fondo anticíclico por ley al punto de ser capaz de adelantar cancelación de certificaciones de obra que corresponderían a la Nación. Eso permite sostener la cadena de pagos a constructores y viales ayudando a mantener el nivel de actividad. Los empleados públicos cobran puntualmente a fin de mes.

Es lo que debería hacer ahora Santa Cruz, venir y ver cómo se hizo porque aquí se vivieron días muy parecidos a los que ahora se viven allí. Sin datos, uno puede intuir que posiblemente esté pasando lo mismo que pasaba aquí, exceso de empleados, sueldos impagables, jubilaciones generosas y cosas por el estilo. Sería novedad que los mismos que hicieron el desastre tuvieran que corregirlo. No parece que hubiera voluntad. La costumbre es que otro distinto se remangue a la tarea. Después de todo, ajuste no es un concepto malo cuando llega para corregir un desbarajuste.