Fue sancionado ayer el proyecto que dispone la reapertura del canje de la deuda. Esta iniciativa, próxima a ser ley una vez promulgada, tiene grandes implicancias políticas y económicas para nuestro país. Implicancias que, vale destacar, gravitarán de modo decisivo en los próximos años.
Mucho se ha dicho recientemente respecto del rol de este Gobierno frente al pago de la deuda. Pero en realidad los intentos se han encaminado a desdibujar lo que realmente se hizo.
La gestión de Néstor Kirchner asumió plenamente las obligaciones financieras y económicas de gobiernos pasados. En efecto, al hablar de la deuda, es importante saber que en 2001 se habían "defaulteado” 80 mil millones de dólares, contraídos a través de títulos con condiciones netamente corrosivas y abusivas. De todos modos, se decidió responder a los compromisos. Ahora bien, no se lo hizo a cualquier precio, sino bajo una clara premisa: crecer para pagar. En lugar de seguir el camino propuesto por los principales organismos de crédito, se optó por priorizar el desarrollo nacional para generar medios genuinos de cancelación de deudas.
En ese contexto y bajo esos principios, se forjó y encauzó el proceso de reestructuración de deuda. El cual venció todas las dudas, alcanzando una aceptación del 93% del total de acreedores. Por ende, corresponde calificarlo como una política de Estado exitosa.
¿Pero de qué hablamos cuándo mencionamos una política de Estado? En rigor, se puede referir a muchas cuestiones. Sin embargo, en este caso, el concepto alude a un conjunto de actuaciones y decisiones que atraviesan los dos poderes estatales con mayor legitimidad: el ejecutivo y el legislativo. El Poder Ejecutivo concreta las atribuciones concedidas por el Congreso tras un proceso de deliberación y participación. Y en todas las instancias, repito, la finalidad ha sido la misma: honrar los compromisos del pasado pero cuidando el presente y las bases del futuro. Y el 93% de los acreedores aceptó esos términos.
En los últimos meses, no obstante, el canje de la deuda, una política de Estado legítima y soberana, ha sido puesta en jaque por el 0,45% de acreedores. Ni siquiera por el 7% restante. No, apenas el 0,45% de acreedores, que no son llamados "’fondos buitre” por casualidad. Deben su nombre a la forma en la que operan: compran títulos en mercados secundarios a bajos valores y luego persiguen su pago por el valor original (intentando conseguir una ganancia superior al 1000%). Por si fuera poco, buscan que un juez extranjero les conceda la pretensión, basándose justamente en una de esas tantas condiciones corrosivas de títulos, como lo es la prórroga de jurisdicción.
En suma, se trata de acreedores totalmente especuladores. Con una nota particularmente grave: especulan con políticas de Estado, con la suerte de países. Y, en el caso argentino, especulan y quieren aprovecharse de un país que les quiso pagar. Esto debe quedar claro: Argentina tuvo y tiene voluntad y capacidad de pago. Pero esa predisposición queda desvirtuada si un grupo ínfimo de acreedores viene a desconocer lo hecho y decidido hasta el momento. Y, con esa actitud, ningunean al Estado y al pueblo argentino, y también a la enorme mayoría de acreedores -ese 93%- que acompañó el proceso de reestructuración.
Hoy, Argentina quiere seguir creciendo. Por eso vuelve a reabrir el canje para poder cerrar el proceso de forma armónica, sin operaciones abusivas. Argentina viene demostrando que puede pagar y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo económico-financiero local. En consecuencia, cuesta entender cómo un minúsculo grupo de acreedores quiera pasar por alto ese esquema e imponer condiciones que no se corresponden con los intereses nacionales ni los de los acreedores que ya entraron al canje. Cuesta entender, también, que haya jueces, de otros países, como el Sr. Griesa, que consientan esos pedidos. Pero todo vuelve. De hecho, ni siquiera está dada la última palabra en Estados Unidos, donde los "buitres” hacen caso omiso de todas las pautas razonables, ya que aún resta la decisión de la Corte Suprema de aquel país.
Por todo lo mencionado, entonces, esperemos que esta ley sea el último paso de la reestructuración de la deuda. Esperemos que ese paso emane de la voluntad del Estado argentino, en un marco de representatividad, participación y soberanía, y no de la decisión de un tribunal extranjero.
Esperemos poder seguir creciendo.
(*) Diputado nacional (FpV) San Juan.