Es sorprendente la cantidad de municipios que han asumido la necesidad de preocuparse por el crecimiento desbordante de las adicciones en nuestro país. Pero resulta necesario diferenciar cantidad de calidad. Lo hacen en muchos casos improvisando, usando los recursos más pobres disponibles, no consultando a gente de experiencia ni a programas desarrollados por diversos países. No buscan entonces capacitarse, sino sumarse a un coro que muchas veces desafina. O repiten el gastado e impreciso cuento de la "lucha contra el flagelo”.
A ese discurso le falta una adecuada definición de "flagelo” ya que la droga es cualquier cosa menos una catástrofe de la naturaleza. Es en cambio una decisión voluntaria incorrecta tomada por una persona que desconoce riesgos en un ambiente donde los mensajes y las polémicas se confunden por la superposición de acciones más políticas que científicas.
También hace falta definir lo que implica "lucha” ya que lo que falta son políticas de inclusión social, proyectos solidarios, capacitar a profesionales, docentes, sacerdotes, operadores técnicos y voluntarios.
Las declaraciones y los anuncios no alcanzan por si solos y necesitan apoyarse en una plataforma sólida de conocimientos, estrategias, programas con objetivos y evaluaciones de avances. Lo demás es prescindible.
También llama la atención el nivel de retroceso, desorganización y deterioro de los esfuerzos principales de planificación en el campo de la prevención y el tratamiento de las adicciones.
Cuando hablamos de lo que si se ha hecho nos referimos a las políticas iniciadas y sostenidas por Juan Yaría en la Provincia de Buenos Aires en la década del "90. Se avanzó a paso acelerado y apoyado en recursos y financiamiento hacia la constitución de una Red de Centros de Prevención y Asistencia (CPAs) que se proponían asistir y contener la necesidad creciente de camas que se registraba en esa época, y se lograron varios objetivos:
Dialogar eficazmente desde el gobierno provincial con las ONGs sobre las estrategias a desarrollar, para lo cual convocó a reuniones de funcionarios y representantes de las ONGs para sumar esfuerzos y debatir criterios. También se planteó que los municipios debían aportar a la creación y sostén de los CPAs. Se entendió claramente la necesidad de proveer servicios telefónicos de consulta (y no de mera información) haciendo con "Fonodroga” un convenio de cooperación con el conjunto de las ONGs representadas por su Federación.
Un campo en el que si se avanzó fue en captar el valor de judicializar internaciones cuando el personal judicial ha sido debidamente capacitado en el tema. Hoy el término ha sido criticado por ignorar su efectividad palpable. No pocos pacientes vivieron sus primeras experiencias de la abstinencia que inaugura el tratamiento por orden de los jueces. En consecuencia las ONGs y los organismos públicos sumaron fuerzas para dar formación de criterio a los juzgados federales. De aquí surgió una red de intercambios con las ONGs y los centros de prevención que evaluaban casos por pedido judicial. El Poder Judicial a nivel de los juzgados federales aplicó adecuadamente las medidas de prevención y tratamiento previstas por la Ley 23.737 que el actual gobierno ha caracterizado como penalizadora, ignorando su real contenido.
También se ha perdido una posición privilegiada en la estructura funcional gubernamental de la provincia cual es la dependencia del gobernador, creyendo que el mero paso al Ministerio de Salud prometía integraciones "sanitarias” difíciles de lograr.
Está a la vista que con el pase no se ganó nada y se perdió mucho. Por otra parte ahora se ha duplicado la carga de los CPAs agregándole la atención en salud mental como si los dos desarrollos fueran complementarios. No lo son por un lado por la vastedad del campo de la salud mental y por el otro por la especificidad de los conocimientos requeridos en el campo de las adicciones. Para peor, tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad Autónoma han resuelto desplazar las adicciones a los ministerios de Desarrollo Social. Los mismos no están capacitados para tamaña empresa. No se pueden improvisar incumbencias.
En el mundo entero se reconoce la corrección del modelo argentino que independizó, para integrar políticas, las acciones en adicciones en una Oficina Nacional de Drogas, la Sedronar. Casi todos los países de América adoptaron esta misma estrategia atribuyéndole ventajas reconocidas hasta en la creación de la Oficina Nacional de Drogas de los EEUU que se ubica en la Casa Blanca.
En este ámbito es que se introduce un debate sobre la despenalización del consumo de drogas en un contexto que no daba evidencias de penalización a ultranza sino de adecuado uso de los instrumentos judiciales. El efecto mas importante de este debate ha sido aumentar la idea de que se puede tolerar el consumo recreativo, aspecto que los narcotraficantes aplauden cotidianamente ya que les facilita la tarea y les aumenta la demanda.